Desde que se promulgó la Constitución de 1991 el país estaba en deuda de contar con un Estatuto de la Oposición que fijara reglas para permitir a los movimientos políticos que no hacen parte del Gobierno expresar sus inconformidades. El pasado miércoles fue aprobado el proyecto en el Congreso de la República, tras superar la etapa de conciliación entre Cámara y Senado, y solo falta la sanción presidencial para que sea ley. Esta es, sin duda, una herramienta clave para los opositores del Gobierno de turno, sus ideas podrán llegar a la opinión en criterios de equidad y enriquecer el debate público.
Igual que la Constitución, producto de la desmovilización y desarme de la guerrilla del M-19, este estatuto es consecuencia de las negociaciones del Gobierno con la guerrilla de las Farc. Sus efectos favorecerán a quienes desde las orillas contrarias le harán oposición al próximo presidente, y hacia el futuro todos los que no compartan lo hecho por el Ejecutivo podrán ampararse en él para que el ejercicio de la política se pueda dar de manera más equilibrada y democrática. Algo vital es que no solo tendrá aplicación en el ámbito nacional, sino en las regiones, lo que dará una nueva dinámica a las asambleas departamentales y concejos municipales.
Resulta interesante que ese estatuto contemple que quienes se presenten a elecciones en alcaldías, gobernaciones, Vicepresidencia y Presidencia de la República y sean segundos en las votaciones tendrán derecho a una curul en concejos, asambleas o Congreso de la República para defender desde allí a los ciudadanos que los respaldaron. Además, se apunta a tener una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, con audiencias en las que la ciudadanía conozca los proyectos de inversión y el manejo de los presupuestos. También habrá una protección especial y seguridad para los líderes de la oposición.
Otro avance es que con la nueva Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos de la Oposición se buscará defender a quienes se declaren contrarios a los ganadores en las urnas, lo que fortalecerá la democracia que pregona la Carta Magna. También se institucionaliza el derecho a la réplica, de tal manera que cuando el presidente emita su discurso el 20 de julio en la instalación del Congreso, por ejemplo, los opositores puedan replicar en el mismo escenario y despliegue. En ese mismo sentido, el Estatuto de la Oposición establece mecanismos para acceder de manera especial a los medios de comunicación
Esta semana también se avanzó en el fortalecimiento democrático al aprobarse en el Congreso que las Farc creen su propio partido político. Esto resulta fundamental en la transición del conflicto armado a la política sin armas de la que se habla en el acuerdo de paz. Hasta el momento se cumple con la concentración de sus miembros en las zonas veredales y en la entrega de armas a las Naciones Unidas. Hay que avanzar en la erradicación de las caletas con armas que los jefes guerrilleros se comprometieron a entregar, pero para eso es necesario que los jueces faciliten el desplazamiento de las comisiones tripartitas y baquianos que saben dónde se encuentran para que el desarme sea total.
Estamos a cerca de un mes de que se cumpla el plazo para que los miembros de las Farc en las zonas veredales entreguen todo su armamento. Esperamos que en las próximas semanas, ya con la certeza de que podrán tener un partido político, los jefes de esa agrupación agilicen el proceso y que no quede la más mínima duda sobre su desarme. Tienen que tener claro que la norma señala que si no se abandonan las armas en forma total no podrán incursionar en la política.
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