Se cumple hoy el primer año del acuerdo definitivo del Estado colombiano con las Farc, para ponerle fin al conflicto armado. En un acto en el Teatro Colón de Bogotá, donde en el 2016 se firmó el documento por el líder de la exguerrilla Rodrigo Londoño, Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos, se tendrá un nuevo encuentro en el que se resaltarán los logros y las amenazas por las que atraviesa la implementación del acuerdo. Era sabido que no sería fácil avanzar en la puesta en marcha de lo acordado, y lo que viene ocurriendo estaba en los presupuestos, pero por lo mismo es necesario seguirle apostando a la paz.
Hoy es un hecho que fueron inhabilitadas 750 caletas, 8.994 armas, cerca de un millón 766 mil cartuchos de munición, y más de 40 toneladas de explosivos. Adicionalmente, durante este tiempo 12.363 excombatientes han sido acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y se encuentran en los planes de reincorporación. Ahora bien, desde las Farc se habla de incumplimientos del Gobierno, y desde las Naciones Unidas se advierte acerca de la salida de gran número de excombatientes de los espacios territoriales en los que fueron concentrados, y desde donde se impulsan nuevos proyectos de vida.
Preocupa que, si bien en el Congreso se han aprobado este año importantes leyes por vía del fast track, alrededor de la implementación de los acuerdos, otras importantes leyes se quedaron a mitad de camino, como el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, el Sistema Nacional Catastral Multipropósito, el uso de baldíos en reservas forestales y el proyecto que modifica parcialmente la Ley de Garantías, para solo mencionar algunos. No obstante, el punto más complejo es que la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) sigue su trámite en la Cámara de Representantes, con la incertidumbre acerca de si será aprobada antes del 30 de noviembre, cuando se acaba el mecanismo de la vía rápida.
Un punto que debe llevar a persistir en sacar adelante la implementación tiene que ver con el detallado estudio que desarrolló el Kroc Institute, especializado en estudiar procesos de paz. Su análisis concluye que el acuerdo colombiano es muy completo e innovador y que, al compararlo con los demás procesos de paz que se han tenido en el mundo en épocas recientes, los avances son bastante positivos. De hecho, hay asuntos como el de la desmovilización, el apoyo de donantes y el desarme, entre otros, en los que el acuerdo con las Farc le lleva ventaja al promedio en la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM).
Hay que tomar consciencia de que la implementación de los acuerdos no es un asunto de meses, sino de años, y que el país debe cargarse de paciencia para que los asuntos pendientes sean tramitados por el Congreso en sesiones extraordinarias o en las legislaturas que vienen. Es una gran ventaja que hoy se cuente con la aprobación de las 16 circunscripciones para la paz, la Ley de Amnistía, el Blindaje Jurídico del Acuerdo, el Estatuto de la Oposición y la participación política de Farc.
Como sea, es importante escuchar voces como las de la Fundación Paz y Reconciliación, que en su reciente informe "Terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo" señala que del 2012 al 2016 los homicidios se han reducido en 3.695 vidas en Colombia, donde el 27% de esa caída ocurrió en municipios que vivieron con gran intensidad la guerra durante el conflicto. Esa realidad hay que defenderla y fortalecerla, porque cada persona que deje de morir en la estupidez de las confrontaciones armadas justifica seguir luchando por construir la paz. En ese mismo sentido es fundamental fortalecer la protección de líderes sociales y aumentar la presión de las autoridades sobre estructuras criminales que persisten en su propósito de generar violencia en el país.
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