Colombia se encuentra a un año de las elecciones para el Congreso de la República. Varios aspirantes dejaron sus cargos en el sector público para evitar incurrir en inhabilidades. Desde hace rato se realizan los diálogos entre partidos y entre los posibles candidatos para ver cómo se va despejando el camino. A pesar de la cantidad de quemados que deja cada elección de estas, muchos lo siguen intentando con la esperanza de que la próxima sea la oportunidad que se concrete. El 2018 será también el año para elegir el sucesor de Juan Manuel Santos. Todo esto se da en medio del mayor escándalo de corrupción de los últimos años en Colombia: el de Odebrecht, asunto que trasciende la contratación pública y se adentra en la financiación de campañas.
Este es el motivo para que la Misión de Observación Electoral (MOE) haya dicho que su objetivo durante este año se enfocará con mucho celo en la financiación de las campañas electorales, pues es claro que el control es bajo para estos menesteres. Por eso, no pocos aprovechan esta oportunidad como su manera de garantizar el hacerse a contratos del Estado en forma fraudulenta y casi siempre con la intención de echar mano a dineros que no les corresponden, porque al fin y al cabo sienten que les están devolviendo el favor que hicieron cuando pusieron plata para hacer elegir a quien ostenta el poder.
Será el primer proceso electoral en Colombia sin las Farc en más de medio siglo. Y eso no es un asunto menor, pues no se trata solo de que no habrá presión de este grupo armado, sino de que llegará con candidatos. Un proceso muy interesante para el país político. Esto es muy importante y de su desarrollo depende que las elecciones se consoliden como debe ser. De hecho, seguramente será base para lo que pueda suceder con el Eln y en el futuro para otros procesos similares. La responsabilidad del Estado será brindar y hacer que se cumplan todas las garantías para ejercer la política de manera libre y que no se vayan a presentar problemas de seguridad. Los antecedentes del exterminio de la UP y las muertes selectivas de defensores de Derechos Humanos dan cuenta de que es un problema vigente.
Es evidente que en un país en permanente cambio como el nuestro, con nuevas reglas de juego, por cuenta del acuerdo de paz y con la posibilidad de que la Reforma Política introduzca otras, se requiere de una estrategia que permita a la sociedad entender de la mejor manera lo que sucede en este momento histórico del país. Para ello será decisivo que lo hagamos bien, a pesar de que estamos acostumbrados a vivir precisamente en sobresaltos permanentes.
No son las normas las que nos van a traer un sistema más transparente, esto pasa por una sociedad mejor informada, por unos ciudadanos que entiendan que en su derecho al voto y la participación está la oportunidad de lograr verdaderas transformaciones sociales y en que el Estado deje de pensarse por coyunturas y más por las verdaderas bases para construir una mejor nación.
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