Justicia, reparación, verdad y no repetición. Estas son las cuatro palabras que como catilinaria se han dicho una y otra vez desde que se inició el proceso de paz con las Farc, que concluyó en el 2017 con la entrega de las armas de este grupo y los compromisos del Gobierno para cumplir algunas condiciones puestas por aquellos. En este, como en casi todos los conflictos, que se terminan porque se llega a un acuerdo y no porque haya habido un triunfador claro o un sometimiento al Estado, es entendible que la institucionalidad ceda en algunos beneficios en aspectos de justicia y que al entender que es importante la reparación para las víctimas, no importa si esta no es plenamente satisfactoria. Pero en lo que no puede haber medias tintas es en los otros dos postulados: verdad y no repetición.
El compromiso de no repetición es clave para que la sociedad tenga tranquilidad de que valió la pena ceder en temas, lo que llamamos en Colombia tragarse sapos, en aras de un bien mayor, el de evitar que la guerra vuelva a tocar a la puerta, aunque en nuestro país el fenómeno de la violencia tiene varios protagonistas y causas. No obstante, sacar un actor armado del conflicto es un paso importante.
En la necesidad de llegar a la verdad, no puede haber condicionantes, esta es vital para que las víctimas y la sociedad puedan encontrar las explicaciones del porqué pasó lo que pasó y qué corregir para que no se repita. Y obtener la verdad es un compromiso de todos, de los grupos armados, por supuesto, pero también del Estado, sobre todo en una guerra como la nuestra que llegó a niveles degradantes.
Por todo esto es que la Comisión de la Verdad, creada en Colombia para tratar de llegar al fondo de lo que sucedió en la guerra con las Farc, debe tener acceso a la información que requiera para poder cumplir con el mandato de los acuerdos y de la ley. Ya esta dejó establecido hasta dónde puede llegar en sus informes y, como sucedió en Sudáfrica, sea el organismo que logre brindar la información que requiere el país para empezar a sanar sus heridas.
Lo anterior será imposible de lograr si no se tiene un mapa completo de lo sucedido. Por eso la solicitud realizada por el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, al Ministerio de Defensa para acceder a información que permita esa comprensión requiere de una respuesta clara y sin cortapisas. Si se alega algún tipo de reserva esta debe ser clara y amparada en las protecciones legales, pero eso debe ser sustentado y para explicarlo deberá aplicarse el test de daño que establecen las normas sobre la materia. Ojalá esto se resuelva en favor de la verdad, como el país requiere.
La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia es clara en que la reserva solo puede ser amparada en la ley. La reserva para documentos de inteligencia se estableció en 30 años, pero la Comisión no los tiene. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 del 2012 dejó claro que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades no se pueden guardar en el secreto o la confidencialidad para no aportar información a investigaciones o procesos pendientes. Bueno es que además se haga público el índice que los organismos de inteligencia y contrainteligencia deben tener de los documentos que gozan de reserva para también saber cuándo pedir su desclasificación, como operan los protocolos en otras democracias del mundo.
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