Sorprendió en el país la discusión en torno a la propuesta de retirar los subsidios al consumo de energía que tiene el estrato tres. Este tema resulta espinoso en el país, pues es indudable que aún no se crece a las tasas que se requiere para que la riqueza se irradie a la mayoría de colombianos y, a pesar de las mejoras en los índices de pobreza, si se empieza a ahogar a la clase media, pues los pocos avances en esta materia pueden sufrir un duro retroceso.
Los subsidios no pueden ser una obligación permanente del Estado, pero tampoco tiene sentido que se retiren de buenas a primeras sin que se consideren otras variables distintas a la estratificación, que por ahí es por donde comienza el problema. No tiene sentido que se otorguen subsidios simplemente por la ubicación geográfica de la residencia, pues las particularidades de cada hogar pueden ser diferentes de las condiciones del sector en el que habita.
Hay personas que se ven obligadas a vivir en sectores definidos como estrato cuatro o cinco o seis, porque la casa la heredaron, porque no está a su nombre, porque las circunstancias los llevaron allí, mientras que sus ingresos pueden menoscabarse. Son familias que deben ahorrar en cantidad de cosas para poder sostener esa vivienda, mientras que en otros lugares, algunos pueden vivir más cómodos, porque el estrato no tiene nada que ver con sus ingresos.
Por eso es que el país tiene que retomar la discusión de que los subsidios no pueden ser una obligación permanente y que estos realmente deben impactar en las poblaciones más necesitadas, no por estratos, sino con un esquema más realista. En la medida en que se ha bajado la base gravable, en que se ha bancarizado el país, en que se cuenta con sistemas que permiten desde el Gobierno hacer todo tipo de cruces sobre los ingresos de los colombianos se ve más viable esta posibilidad que antes.
Es obvio que los subsidios han demostrado su bondad en países como Chile y Brasil para dar saltos cuantitativos a favor de los más necesitados, pero también es cierto que se puede estar creando un sistema perverso si esas ayudas no se condicionan a compromisos reales, que sean verificados cada tanto, de estudio de los hijos, de cumplir con las capacitaciones que se brindan, de acudir a las campañas de salud, de buscar la manera de volverse productivos. No puede seguirse entregando subsidios eternamente sin revisar los resultados o los cambios.
Aquí queremos tener muchas veces las condiciones de los países nórdicos, pero no nos fijamos que los impuestos que pagamos están muy por debajo. A esto se suma la desconfianza sembrada en lo público por cuenta de la corrupción. Parte de la solución estaría en ganar confianza. Que los alcaldes dejen de sumar a los listados a sus amigos por política o por vecindad, que el Estado haga revisiones continuas de las personas que se favorecen con esos subsidios y que se tenga en cuenta el ingreso de los ciudadanos, para dar un sentido mayor de realidad al destino de estas ayudas. Esa solidaridad que entrañan los subsidios debe impactar en quienes más los necesitan.
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