El abogado Pablo Felipe Robledo, durante su paso por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ejecutó una tarea que merece todos los reconocimientos, por su eficacia a la hora de investigar y tomar decisiones con respecto a graves prácticas irregulares en empresas de todo tipo en el país. Puso en evidencia y castigó la cartelización de algunos sectores económicos que con sus acciones perjudicaban a los consumidores e introducían dinámicas artificiales al mercado. El listón para quien llega, Andrés Barreto González, es bastante alto, por lo que se espera una gestión muy seria y juiciosa del nuevo superintendente, para garantizar la libre competencia.
Es tan sólido y contundente lo que hizo Robledo, que ante la investigación por la reventa de boletas para la eliminatoria del pasado Mundial de Fútbol, la Federación Colombiana de Fútbol tomó la decisión de desistir de la tutela que había interpuesto en contra de la SIC, por supuestamente haberse violentado el buen nombre de ese organismo deportivo.
En el marco de legalidad y transparencia se encuentran las determinaciones que Robledo tomó recientemente alrededor de lo ocurrido con la Ruta del Sol II, donde resultan comprometidos destacados empresarios nacionales que, infortunadamente, al parecer cometieron faltas graves de ética de los negocios y podrían ser sancionados severamente, como ya ocurrió en los años recientes en contra de sectores como los de los ingenios azucareros, los pañales (el caso de Tecnoquímicas es muy ilustrativo), los papeles higiénicos y la telefonía celular, quienes actuaron concertadamente para abusar de los consumidores y tuvieron que pagar multas millonarias por sus conductas, como debe ser.
Sin embargo, es una realidad que la manera como está estructurada la SIC, en donde además de investigar sanciona, se presta para que se pueda caer en determinaciones subjetivas, cargadas de sesgos inconvenientes, que deberían ser solucionados por vías de una reforma que permita salir del esquema de ser juez y parte de los procesos. Lo ideal es que haya una instancia distinta a la SIC que sirva de juez ante el acerbo probatorio que reúnan y presenten sus investigadores.
También sería conveniente que las superintendencias no dependan de la Presidencia de la República, pues en la estructura del Estado es mejor que contaran con total independencia, como sucede en muchos otros países. Ahora bien, es evidente que con la gestión de Robledo se demostró que las superintendencias cuentan con herramientas reales, dientes, para actuar, y que las demás dependencias del mismo tipo podría llevar a cabo tareas más eficaces para investigar y castigar a quienes se sobrepasan en los diferentes sectores.
Una debilidad que sí tuvo la SIC durante este tiempo y que necesita ser solucionado con rapidez, es el de la adecuada promoción, difusión y protección de la propiedad intelectual, frente a la cual no se conocieron casos de peso que permitieran atacar de frente un fenómeno tan delicado y con consecuencias tan funestas cuando no hay el más mínimo respeto. Ahora que el gobierno de Duque promueve la Economía Naranja, en la que la investigación, el conocimiento, la creatividad y la innovación tienen un acento especial, los riesgos en este sentido se multiplican y por eso hay que tomar el toro por los cuernos, sin ambivalencias.
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