Sí se puede dialogar

Pese a que los voceros del partido Farc salieron a pedir que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga para que los principios de lo pactado en La Habana en justicia transicional se cumpla al pie de la letra, la reunión de la semana pasada en la que participaron congresistas de Farc, del Centro Democrático y de sectores de centro para buscar acuerdo en el juzgamiento de militares en la Justicia Especial para la Paz (JEP), demuestra que sí es posible dialogar y evitar la violencia, cualquiera sea su procedencia, en la solución de los conflictos más complejos del país.
En plenaria del Senado se deberá asumir dicha discusión en segundo debate, luego de que en la Comisión Primera, de la que hace parte el excandidato presidencial Gustavo Petro, en acuerdo con el propio senador Álvaro Uribe, se le dio luz verde a la iniciativa de nombrar 14 nuevos magistrados para juzgar militares y policías comprometidos en supuestos crímenes de guerra. Es un paso real y concreto hacia la reconciliación, porque además de verdad, reparación y no repetición, la posibilidad de hablar frente a frente, y hasta debatir de manera enérgica pero pacífica, es lo deseable en la democracia.
Es un acuerdo político paradigmático para cimentar las bases de una verdadera paz. Si revisamos nuestra historia, casi que desde el mismo momento de la Independencia, hace 200 años, el frágil paso entre las desavenencias políticas y las acciones violentas ha sido el responsable de nuestras mayores desgracias; si aprendemos a luchar en el terreno de las ideas sin llegar a las agresiones, solo con argumentos, tendremos el camino abierto para construir un nuevo país en paz.
Todavía no hay total claridad sobre el resultado, pero lo que sí es verdadero y cierto es que este tipo de aproximaciones en la política para consensos en temas clave es de gran valor democrático. Hasta la Farc y el Polo Democrático, que finalmente se apartaron de lo pactado, reconocen la importancia de establecer diálogos y buscar zanjar las diferencias. El compromiso es que a lo fijado, si bien no satisface a todos y tampoco es similar a la propuesta inicial, no se le colgarán nuevos asuntos más adelante.

En síntesis, no se crea una nueva sala para los militares, pero que sí se nombran nuevos magistrados (lo hará un comité del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el Procurador General), se legitima la JEP para conocer crímenes de guerra (el Centro Democrático, que siempre se opuso, tácitamente lo avala) y se establece la necesidad de pruebas contundentes para condenar a quienes se sometan a la JEP y confiesen. Ojalá que en lo que queda de las discusiones se logren adelantos que permitan que más temprano que tarde haya total claridad para todos acerca del funcionamiento de la JEP. No es bueno insistir en seguirla desprestigiando, sin que las víctimas dejen de ser el centro de lo acordado.