El 29 de septiembre del año pasado, el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, le quiso poner la cara a los problemas del macroproyecto San José, y ante la comunidad no solo pidió perdón por la actuación ineficiente de la Administración Municipal en un hecho tan simple como organizar una reunión, sino que calificó como “una vergüenza” lo que allí estaba pasando. En esa ocasión, la comunidad se quedó sin las explicaciones de fondo alrededor de las razones para que las obras no avanzaran al ritmo que se necesita, y pese al tono airado del mandatario, la realidad no ha cambiado mucho después de ese anecdótico momento, en el que Cardona agregó: “Este macroproyecto no resiste más equivocaciones”.
Como en esa ocasión, la comunidad del sector siente ahora que el Estado no está haciendo lo suficiente para encontrarle el rumbo a esa importante iniciativa y que a ella, la comunidad, le toca sufrir las consecuencias. Lo peor es que el 21 de septiembre del 2012 (hace cinco años y dos meses), cuando el alcalde era Jorge Eduardo Rojas, la gente del sector también escuchó al mandatario pedirle perdón por todas las situaciones negativas que se habían dado en el macroproyecto hasta entonces. Después de tantas disculpas oficiales la comunidad sigue esperando que tales actitudes se conviertan en hechos reales para enmendar los numerosos errores que se han cometido.
Ahora se tiene el retraso injustificado en la construcción de los 640 apartamentos proyectados en el sector, y que desde hace meses tuvieron que haber sido terminados y entregados a la gente. Las explicaciones dadas por la Fiduprevisora y por la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM), acerca de los problemas de demora en el desarrollo urbanístico del macroproyecto San José no son satisfactorias, y solo dejan en el ambiente la sensación de que ninguna de las dos entidades quiere asumir la responsabilidad que tienen. La primera no da muestras de voluntad de agilizar el proceso y la segunda pareciera tener voluntad, pero se muestra incapaz de aportar las soluciones que se requieren con urgencia.
Desde la Fiduprevisora se asumen culpas, pero las condiciona a la responsabilidad de la ERUM desde el punto de vista administrativo. “Todo este desastre no es culpa de la Fiduprevisora”, afirma la vocera de la empresa de economía mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda, dependencia del Gobierno Nacional que debería ayudar decididamente a encontrar salidas ágiles al problema. También el Ministerio de Vivienda debería hacer algo. La lentitud del proceso es verdaderamente desesperante y las incertidumbres que provoca hacen que se pierda la confianza en el macroproyecto y que reine el escepticismo.
Puede ser real que en este tipo de asuntos se requieran análisis profundos y al detalle, pero se observa es que las equivocaciones persisten, lo que lleva a pensar que en el fondo lo que hay negligencia e ineficiencia. Desde lo hecho por la ERUM también resulta claro que ha faltado gestión con los predios y con la financiación del patrimonio autónomo, lo que evidencia que las responsabilidades en el oscuro panorama que hoy se observa son compartidas y que ninguna de las dos entidades debería tratar de lavarse las manos.
Al observar todo lo ocurrido en el macroproyecto se aprecia que siempre han surgido problemas con los contratistas. Eso quiere decir que las equivocaciones surgen desde el momento en que se escoge a quienes ejecutarán los trabajos, y que de muy poco ha servido la parsimonia. Lo que claramente ha faltado es planeación y rigurosidad, se ha actuado con improvisación, y cada paso que avanza pareciera llevar implícito dos o tres pasos en reversa. Lo peor es que han sido tantos los errores que vienen en camino demandas contra la Fiduprevisora y la ERUM por cerca de $20 mil millones, lo que pone muy gris el horizonte.
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