Se agota el tiempo para la agenda legislativa

La semana pasada, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, destacó que para que cualquier ciudadano pueda seguir los proyectos de ley en el Congreso de la República, el Gobierno creó la aplicación Legislapp. Se busca con esto hacer más transparente el tránsito legislativo de las leyes, pero al paso que va la agenda gubernamental, parece que se estrenará viendo cómo se hunden varias iniciativas que había defendido el Ejecutivo desde su posesión. A menos de un mes de terminar las sesiones ordinarias, la tarea pendiente es amplia y se requiere de la responsabilidad de los congresistas y de que aparezca el liderazgo de la Presidencia para desempantanar el trámite de varias normas.
Por ejemplo, el proyecto de ley que pretende prorrogar y modificar la ley de orden público, que cuenta con mensaje de urgencia del Gobierno, se aprobó por fin ayer en comisiones, después de tres semanas. Esta norma le permite al Ejecutivo adelantar diálogos de paz con agrupaciones armadas, pero las denuncias de supuestos micos que harían inviable ese acercamiento y la falta de quórum, mal que aqueja últimamente las sesiones, han provocado que se amenace su trámite.
Dos temas clave que presentó el Gobierno y en los que quiso marcar agenda siguen estancados. El primero, la ley anticorrupción que recoge las iniciativas del Referendo que para tal fin se votó en agosto pasado, y que logró una masiva votación, aunque insuficiente. En ese momento, recién posesionado el presidente, Iván Duque, asumió el compromiso de acompañar los proyectos, pero hasta el momento lo poco que se ha discutido no ha avanzado o se ha hundido.
El otro proyecto es el de la Ley de Financiamiento, que ha recibido todo tipo de críticas, sobre todo por la idea de gravar productos de la canasta familiar o culturales con el IVA. El ministro de Hacienda ha delegado su defensa. Este parece embolatarse, pues hasta miembros del Centro Democrático, partido del presidente, se han mostrado reacios a aprobarlo. Como estos se encuentra en entredicho el proyecto para modificar la ley de garantías electorales, que requiere de cambios, ante la eliminación de la reelección presidencial.
Las relaciones de los presidentes con el Congreso no son fáciles. Cuando la Constitución del 91 terminó con el foco de corrupción que eran los auxilios parlamentarios, estos cambiaron de nombre hasta lo que se llama hoy cupos indicativos, que tienen una relación aparentemente técnica, pero que para muchos analistas es solo otra forma en la que el Gobierno les paga los favores a los congresistas por sacar adelante sus proyectos. Eso es lo que aparentemente el presidente se niega a revivir, pero le está costando.

Es el momento de quiebre para que Iván Duque muestre el presidente que quiere ser, uno más que transige con facilidad con los congresistas y les da gusto o uno capaz de liderar un cambio en las costumbres políticas. Eso requiere de un liderazgo de su gabinete, que aún no se siente con peso. Los congresistas siguen actuando como si el país no se diera cuenta de sus vicios. Deberían ya empezar a votar con base en su criterio y pensando en el bien del país y no por sus relaciones clientelistas, que poco a poco los llevan a la pérdida total de credibilidad.