Respeto a las decisiones

Siempre se ha dicho que los jueces hablan a través de sus providencias, pero esto ha dejado de ser cierto hace rato en Colombia. Son reiterados los casos en los que juzgadores y magistrados hablan directamente para explicar, ampliar o contradecir los fallos. Peor resulta cuando funcionarios judiciales deciden no hablar, pero deciden expresarse a través de filtraciones medidas y que premian a unos medios de comunicación o a periodistas, frente a otros. Con esta manera de proceder pueden terminar afectando el debate público, pues cuando alguien filtra una pieza procesal tiene un interés particular, pero estas tienen siempre que ser miradas a la luz del expediente completo para poder entenderlas en su total dimensión, tal como lo hace un juez de la República.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inocente al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, de posible compra de testigos y en su lugar ordenar que se abra investigación al también senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, crea un escenario complejo. El acusador pasó a acusado y el acusado a acusador. Esto no es atípico en los procesos judiciales, pero las calidades de los involucrados llevan a que se mediatice este asunto, con el agravante de que algunos aprovechan la situación para ver cómo puede deslegitimar las decisiones o desprestigiar a quien las toma. Esa no es la manera de proceder de quienes se dicen líderes en un país que necesita mucha cordura.
Al solicitar que se abra investigación a un expresidente porque pudo influir en presionar a posibles testigos en el proceso contra Cepeda, se toma una decisión legítima, que solo busca llegar al fondo de los hechos. Es el comienzo de una nueva fase investigativa y no el final. Por ese motivo, lo que le corresponde al exmandatario y a sus seguidores es tratar de demostrar su inocencia, pero no ante los medios de comunicación o con declaraciones destempladas en las redes sociales, sino aportando las pruebas correspondientes. De hecho, el abogado del senador Uribe, Jaime Granados, ya dijo que hará uso del recurso de reposición en busca de intentar un mejor resultado. Y ese es su derecho, y tampoco se puede cuestionar que haga uso de él.

Parte del problema que tiene la institucionalidad en Colombia es que también ha sido socavada por la manera en que muchos cuestionan cualquier decisión que les es contraria, independiente de que tengan razón para ello o no. Una decisión que llega hasta la Corte Suprema ha tenido ya suficiente recorrido y la garantía de que las personas mejor preparadas para resolver las controversias judiciales se tomaron el tiempo para estudiar el expediente y las pruebas aportadas a él. Por supuesto que se trata de organismos que conforman personas y por tanto no son ajenas a que puedan cometer errores, pero no por eso se puede pretender que se equivocan cada que se trata de un fallo contrario a lo que el acusado o el acusador esperaban. Este país necesita es que los procesos se aclaren de fondo, pero no se logra si pasamos de las demostraciones procesales a las simplemente mediáticas. Que se investigue a quien se tenga que investigar y que los sujetos procesales lo asuman con la responsabilidad que esto entraña, incluida la prudencia, que tanto nos cuesta en estos tiempos.