Se conoció esta semana que 160 personas serán excluidas este año del Sisbén en Manizales, debido a que se les comprobó que no reúnen las condiciones para estar en ese sistema de beneficios, y por el contrario tienen cómo cotizar y pertenecer al régimen contributivo de salud. Pese a la indignación que causa este asunto, si tomamos en cuenta que en todo el país fueron detectados 384 mil casos similares el año pasado (solo 838 en Caldas), salta a la vista que todavía quedan en esta región muchas cosas para revisar, y hacer un buen filtro para evitar que estos avispados se sigan lucrando indebidamente con los dineros de todos los colombianos.
Es este tipo de fenómenos los que hacen que el sistema de salud en Colombia afronte tantas dificultades, cuando hay recursos suficientes para financiarlo. Son esos gestos de corrupción que empiezan desde los ciudadanos y que escalan hasta las más altas esferas del gobierno y de las empresas que intervienen en la prestación del servicio los que han llevado a la crisis financiera que ahora se advierte, y frente a la cual solo se aplican algunos paliativos, cuando se necesitan remedios rápidos y efectivos para recuperar el sector.
En estos casos, además de la expulsión del Sisbén, deberían establecerse fuertes sanciones pecuniarias, con el fin de generar un escarmiento y evitar que este fenómeno se siga presentando. Estas personas no solo roban al Estado, sino que les quitan el derecho a quienes sí lo necesitan. La manera como se llega a detectar a los defraudadores contempla el cruce de bases de datos de la Secretaría de Tránsito, la DIAN y la Cámara de Comercio, por eso se pudo encontrar que algunos se beneficiaban del Sisbén a pesar de ser propietarios de vehículos, viviendas o negocios y de cumplir los requisitos para declarar renta.
Actualmente, con la dirección de Planeación Nacional, se ejecuta un gran plan de depuración del sistema para identificar a los colados y sacarlos de la fila. La idea es que se puedan cruzar 24 bases de datos para identificar a todos los que no deberían estar en el Sisbén y obligarlos a pagar como se debe. Es un ejercicio apenas lógico, ya que el 75% de la población colombiana aparece como beneficiarios de estos beneficios, cuando las cifras del DANE acerca de los índices de pobreza multidimensional son bastante inferiores, cercanas al 17,8% en el 2016.
Para el sistema de salud también resulta vital lo que se decida próximamente con la venta de Cafesalud, EPS sobre la cual mostraron interés Prestasalud y Sánitas. La EPS más grande del país, que absorbió hace dos años a Saludcoop en liquidación como una forma de inyectar un bálsamo a los problemas del sistema, cambiará de dueños. Quien compre a Cafesalud tiene la oportunidad de corregir todo lo que se ha hecho mal en ella, o por el contrario se expone a que tales males terminen generando un efecto de contagio. Ojalá que no.
En este punto debemos anotar que el Estado debe ser cuidadoso en no fomentar el crecimiento vertical del sistema que tantos problemas ha causado en otros casos, como el del mismo Saludcoop, pues no es sano que las clínicas y los hospitales tengan los mismos dueños que manejan las aseguradoras, ya que eso podría llevar a que los pacientes sufran cada vez más restricciones y terminen perjudicados en los servicios. El próximo 25 de mayo será el día en que se conozca quién es el nuevo dueño de Cafesalud; esperamos que esa noticia venga acompañada de los cambios que se necesitan para sacar adelante la prestación del servicio de salud en Colombia.
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