Que no solo sea escarmiento

Muy acuciosos han estado la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación y hasta el mismo Partido Conservador con las sanciones e investigaciones en contra de Aída Merlano Rebolledo, quien el pasado 11 de marzo resultó elegida al Senado de la República luego de lograr 73.250 votos. Además de la suspensión de tres meses decretada por la Procuraduría, ese despacho también solicitará al Consejo de Estado que despoje a la actual representante a la Cámara de su investidura, por su conducta relacionada con la compra de votos y fraude electoral consumados en Barranquilla. Al Consejo Nacional Electoral (CNE) también le pedirá que investigue una posible violación a los topes de los gastos de campaña.
Debido a su condición de congresista el caso será estudiado por la Corte Suprema de Justicia, que analizará el alcance de los delitos por los que se le acusa, relacionados con una comprobada compra de votos, cuyos dineros se manejaron de manera fraudulenta y, desde luego, sin declararlos como parte de los gastos de campaña. Serían unos $6 mil millones, según la Fiscalía. Las evidencias recogidas en la sede política en la que se hallaron $262 millones, además de material electoral, armas de fuego, computadores y la lista de los recursos entregados, dejaron al descubierto una práctica que infortunadamente no es exclusiva de la señora Merlano, sino ejecutada por muchos otros políticos en todo el país, sin que haya castigos.
Desde luego que en este caso las autoridades deben aplicar sanciones ejemplares y enviar un claro mensaje de que no se tolerarán más estas conductas, pero sería bueno que se le pusiera el mismo entusiasmo aleccionador a todas las denuncias que se hacen en el país, buscando y encontrando las pruebas de tales hechos de corrupción, y ejecutando sanciones fuertes a tales políticos sin ningún tipo de distinción. No es solo generar escarmiento, sino que es fundamental que haya medidas que logren ponerle fin a estas acciones clientelistas y faltas de toda ética y moral política en el país, que debilitan la democracia y se convierten en malsana pedagogía del delito.
Hay que recordar que Merlano fue la ficha del hermano del exsenador Roberto Gerlein para sucederlo en su curul, luego de cerca de cuatro décadas atornillado a ese cargo en el Congreso de la República, y siendo paradigma de prácticas políticas non santas. Por eso no es extraño que en el listado hallado en la sede política aparezcan nombres como los de los dirigentes regionales Aissar Castro, Margarita Ballén, Adalberto Llinás y Jorge Rangel, quienes serían contacto para el operativo de compra de votos que le sirvió a la suspendida representante a la Cámara para dar el salto al Senado, curul que los conservadores perderían por efecto de la silla vacía. Además de la compra de votos, se investiga un posible lavado de activos y, si los recursos provienen de corrupción en la contratación en el departamento del Atlántico.

Todo el aparato del Estado, los entes de control y las distintas autoridades deben actuar con mayor contundencia en todas las regiones del país, para desenmascarar a aquellos políticos corruptos que hacen uso de sofisticados sistemas y metodologías para borrar la trazabilidad de sus criminales estrategias y así apoderarse de curules en el Congreso y de otras instancias de poder, de la manera más descarada y sin escrúpulos, sin que llegue ningún tipo de castigo, cuando deberían ir a la cárcel por lo menos durante 8 años, como lo manda la ley. Lo más importante, sin embargo, es que los ciudadanos tomemos conciencia de no actuar como cómplices de políticos corruptos que se apoderan de los recursos públicos, y que sin mayor reparo los usan para perpetuarse en sus posiciones de privilegio.