¿Qué hacer con los corruptos?

Creer que los corruptos se tienen que pudrir en la cárcel es lo que piensan muchos por estos días, cuando se conocen noticias de la facilidad con que terminan de pagar sus condenas varios de los partícipes en los escándalos del carrusel de la contratación en Bogotá. No obstante, esa sigue siendo una solución vengativa, porque es evidente que tiene que haber penas pagables y por tanto no tiene sentido pretender que todo el que cometa un delito tiene que irse décadas a un presidio. Por pensar de esta manera, es que las cárceles no dan tregua y viven colapsadas en nuestro país, lo que no quiere decir que los culpables no tengan que pagar prisión, pero hay que tener criterios para la tasación de las penas. Porque si se decide enviar a los corruptos a larguísimas condenas, entonces ¿qué se hace con los violadores, con los homicidas, con los asesinos en serie? Pena de muerte, gritan muchos, como si eso fuera una solución.
Claro que causa indignación que unos señorones que se apoderaron fraudulentamente de dineros de las arcas del Estado salgan tan rápido de los presidios, pero centrar el problema en el tiempo que pasen tras las rejas es simplificar lo que es realmente más complejo. De nada sirve que paguen años de cárcel si no devuelven los dineros que se robaron y no indemnizan al Estado, como funciona en otros países. Porque el daño que se causa a la confianza pública genera traumatismos a un país que necesita invertir bien los recursos para poder atender las necesidades de todos los colombianos.
Es necesario preguntarse qué hace el Estado por recuperar los dineros que esos personajes se embolsillaron, o cómo obliga al cumplimiento de pólizas para que las obras afectadas por la corrupción se terminen. Dónde estaban los organismos de control para prevenir que se cometieran las irregularidades, con cuánto ha multado a estos delincuentes de cuello blanco. Esas son preguntas clave que se tienen que definir, no que la indignación popular, que tan buenos réditos políticos les da a algunos, sea aprovechada por estos para enarbolar el derecho penal como un argumento que aumente las posibilidades de sus votos. De nada sirve aumentar las penas si no se tiene claro para qué.
Cada que se genera indignación nacional salen decenas de voces a reclamar para que se aumenten las condenas, pero de qué sirve esto si sabemos que en el mejor de los casos la impunidad en Colombia rodea el 90 por ciento. Es decir, que un personaje que se apropia de dineros públicos, le está jugando 9 a 1 a que no lo van a coger. Y si lo cogen, pues tiene muchas posibilidades de salir por vencimiento de términos, de lograr acuerdos con la justicia, sin haber devuelto siquiera un centavo.

Por estos motivos, la preocupación debe centrarse en lograr que las entidades fiscalizadoras funcionen, que las integren personas probadamente honestas, que tengan dientes y elementos de policía judicial idóneos para poder actuar en tiempo real y preventivamente. De lo contrario, cada tanto saldrá alguien a criticar las penas que se imponen, a solicitar que se aumenten, a exigir más, pero seguirá siendo sobre la ínfima minoría que cae. ¿Y los demás? Aquí está todo por hacer en ese sentido y es necesario que la política criminal recupere su rumbo, perdido desde hace rato.