Prudencia con la economía

Al cierre del año pasado el déficit fiscal de Colombia llegó al 4%, en buena medida debido al desplome de los precios del petróleo, lo que afectó en un 20% los ingresos del Presupuesto Nacional. Para tratar de ajustar las cuentas, el Gobierno tramitó en el Congreso una reforma tributaria que, a decir verdad, no ha tenido los efectos esperados, por lo que ahora se estudia la manera de bajar el gasto público y así buscar un descenso real de ese déficit. Esto en términos concretos significa que no hay plata en el erario para cubrir todas las necesidades contenidas en el Plan de Desarrollo, incluso algunas incluidas en el presupuesto para este año.
Así las cosas, mientras se logra que la Dian pueda disminuir la evasión y la elusión de impuestos en forma significativa, para obtener los ingresos que el Gobierno necesita, es necesario llevar el cinturón apretado y no gastar en lo que pueda afectar más el flujo de recursos. Se podría pensar que un camino podría ser el recorte de burocracia del Estado, pero si nos atenemos a informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia es de los países que menos gasto público tienen, con cerca de 30% del PIB, cuando el promedio del mundo es del 34% y de los países de la OCDE del 41%. De tal manera, hay que procurar no gastar en lo que no sea urgente, y tampoco ampliar el crédito, porque la deuda pública de Colombia llega hoy al 48% del PIB.
Por eso es prudente y responsable que el presidente, Juan Manuel Santos, no haya sancionado las leyes aprobadas por el Congreso que pretendían bajar los aportes de salud de los pensionados del 12% al 4%, y que buscaban bajar las semanas de cotización de pensión a las mujeres. Ambas hubieran significado más gastos para el Estado, pese a no tener recursos para cumplir. De todos modos, será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra acerca de si la determinación presidencial tiene el sustento suficiente frente al mandato de la regla fiscal. En este último caso la iniciativa era contraria a la necesidad de fortalecer el sistema pensional, cuando lo que se requiere es una mayor formalización laboral para que aumenten las cotizaciones y tener así recursos para que cada vez se puedan pensionar más personas.
Algunos congresistas, en un tono que suena a populismo, vienen criticando la determinación de la Casa de Nariño, tomando en cuenta que Santos se había comprometido a respaldar esas iniciativas cuando se encontraba en campaña para la reelección en el 2014. La verdad es que tal promesa nunca debió hacerse y solo tuvo un motivo electoral. Esa situación debe enseñarles a los políticos colombianos para que no basen sus campañas en compromisos que no podrán cumplir, pero son los ciudadanos que eligen quienes deben estar muy atentos a no entregar votos motivados por promesas expresadas fríamente, y solo con un cálculo electoral. 
Es preocupante que, debido al sombrío panorama económico, se ponga en riesgo la posibilidad de llegar a la meta de un déficit fiscal del 3,6% este año y del 3,1% para finales del 2018. Sin embargo, lo más complicado es que tambalee la calificación crediticia de Colombia y el interés de los inversionistas extranjeros. Además de recortar el gasto público, como lo anunció el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es clave no comprometer nuevos recursos oficiales con los que no se cuenta. En el caso de la rebaja de cotización a salud de los pensionados pudo haberse manejado un recorte gradual, que podría ser más llevadero en el mediano y largo plazo.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que en asuntos económicos lo peor que puede hacerse es alimentar el pesimismo. Frente a eso es importante mantener la confianza acerca de que este año podrán corregirse muchos de los problemas que han llevado a muchos a pensar que la economía crecerá a un ritmo menor. Si regresa el optimismo hay más posibilidades de que el panorama se aclare.