Protestar desde las aulas

Las universidades públicas colombianas, por estos días, exigen que el Gobierno Nacional les entregue recursos suficientes para terminar el año en forma adecuada, y que se comprometa para que en el 2019 no sufran con presupuestos recortados e insuficientes y puedan así desarrollar una labor académica digna. Los propios rectores de esos centros educativos vienen desde hace unas seis semanas solicitando al presidente Iván Duque que haya una sólida política de financiación de la educación superior, y en claustros como la Universidad de Caldas se cumple un mes de cese de actividades, promovido por profesores y estudiantes, quienes dicen que se mantendrán firmes en su protesta hasta que el Ejecutivo nacional evidencie que protegerá a las universidades públicas colombianas.
Para el próximo 10 de octubre se está promoviendo una gran marcha nacional para hacer más visible el poderío de esas universidades que, sin duda, son las de mejor calidad educativa en el país considerándolas en conjunto, y que son la única alternativa para que jóvenes de estratos bajos puedan romper el círculo vicioso de la pobreza y aspirar a que sus familias asciendan en la escala socio-económica. A esa manifestación ya anunciaron que se sumarán el sindicato del SENA y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), con lo que se prevé que serán marchas multitudinarias en las principales ciudades del país.
Solo la Universidad Nacional de Colombia, según la rectora Dolly Montoya, requiere $60 mil millones para poder concluir el 2018 sin traumatismos. En esa cifra está incluida, desde luego, la sede de Manizales que la semana pasada también anunció que se sumará a las protestas que llevan a cabo los estamentos de la Universidad de Caldas, y que pese a haber comenzado como asambleas permanentes se ha convertido en una total parálisis, lo cual termina profundizando los problemas en lugar de resolverlos. Situación que los mismos rectores advierten, pero que los sectores más radicales entre docentes y alumnos no acogen, y por el contrario diseminan en los claustros, llevando las cosas a un punto en el que la misma protesta termina siendo más perjudicial que el propio recorte de recursos.
Se habla de la necesidad de ajustar el Artículo 87 de la Ley 30 de 1992, con el propósito de que las universidades públicas colombianas puedan captar más recursos, y lentamente ir cubriendo el déficit que, según la asamblea del Sistema Universitario Estatal (SUE), asciende a los $18,2 billones para las 32 universidades públicas colombianas. Dicen que este es el camino para darle un oxígeno estructural a las finanzas de las universidades, y evitar una crisis todavía más profunda, que pueda poner en jaque el futuro de la educación pública superior. Algo rescatable en esto es que el presidente Duque se exprese comprometido a cumplirles a los jóvenes del Ser Pilo Paga, y que anuncie un nuevo programa que yendo en ese mismo sentido tenga un impacto favorable, sobre todo, para las universidades públicas.

Lo que debe entenderse es que, si bien son válidas las manifestaciones como la anunciada para el próximo miércoles, persistir en la parálisis en las universidades lo único que logra es encarecer más las posibles soluciones y hacer más difícil el panorama hacia el futuro. Nadie niega la urgencia de que las universidades públicas puedan tener una mayor financiación del Estado, pero la manera de reclamar, que infortunadamente también facilita el surgimiento de episodios de violencia, terminan identificándose con el adagio popular que señala que “es peor el remedio que la enfermedad”. Lo que debería hacerse cuanto antes es regresar a las aulas, recuperar el tiempo perdido y mantenerse firmes en la exigencia de que todas las virtudes de la educación pública superior sean protegidas por el Estado.