Prohibir es el peor remedio

El presidente Iván Duque anunció un decreto con el que pretende librar una guerra frontal en contra de los expendedores de droga, dándole facultades a la Policía para que decomise toda cantidad de alucinógenos que sea hallada en cualquier lugar del país, incluso la llamada “dosis mínima”. La determinación va en la misma línea de un proyecto de ley que será debatido en el Congreso de la República para castigar el exceso en el porte. El argumento del mandatario es que hay que “volver a penalizar, pero no criminalizar”. Por eso, quien posea la droga no irá a la cárcel, pero la sustancia sí quedará confiscada, e incluso habría una multa que apunta a prohibir el porte de la sustancia.
El decreto iría, entonces, en la línea que Duque prometió en campaña, e indudablemente tiene gran respaldo popular. No obstante, se ha demostrado de múltiples maneras que la estrategia que se viene aplicando por varias décadas no es efectiva, y que por el contrario la prohibición hace más rentable el negocio para los narcotraficantes, mientras el consumo se dispara. Lo que debería hacerse es lograr regular el mercado, y avanzar hacia romper el alto poder lucrativo de esta actividad ilícita, ya que la única manera de alejar la droga de los colegios es a través de la decisión informada y fortalecer el carácter del niño para que sepa que no debe consumirla.
La actual posición presidencial contrasta con la que tuvo cuando era senador y propuso crear salas de consumo controlado, en sintonía con el enfoque de salud pública que es el que debería tener mayor énfasis en la lucha contra la drogadicción. Está probado, como es el caso de Portugal, que despenalizó el consumo de drogas hace 15 años, que una medida en ese sentido reduce la tasa de consumidores en gran porcentaje. Al darles licencia a unas personas para que las vendan, en forma regulada, se evita que los narcotraficantes puedan llegar a los colegios a multiplicar los adictos, como ocurre hoy.
Desde luego que mientras en el mundo exista el modelo prohibicionista y Colombia esté recibiendo recursos de los Estados Unidos para luchar contra las drogas, cambiar la estrategia será difícil. Sin embargo, hay que tomar conciencia de que el método represivo es equivocado y que solo conduce a que el problema se agrave. En los países que se han atrevido a dar pasos hacia la legalización, a la par con una estrategia de atención integral a los adictos, los resultados son muy favorables en el mediano y largo plazo, no solo en consumo, sino también en índices de violencia. Tal vez no sea este el camino ideal para ver resultados en corto plazo, pero sí podría ser el que ataque de manera estructural este fenómeno que tanto mal ocasiona a la sociedad.
Con el tabaco y el alcohol, que tienen efectos parecidos a los alucinógenos, las campañas preventivas en el consumo y las advertencias acerca de sus potenciales peligros han llevado a que los niños y jóvenes tengan una actitud más informada y responsable de su uso. Está bien que se busque restringir y controlar el ingreso de sustancias alucinógenas a los centros educativos y golpear las redes de expendedores que merodean los lugares en los que se concentran los jóvenes, pero con la nueva estrategia es fácil estigmatizar al consumidor, y generar nuevos conflictos de los jóvenes con la Policía, cuando lo que necesita es ayuda real y efectiva del Estado, y cercanía con las autoridades.

Hay que entender que el narcotráfico es altamente rentable precisamente porque es prohibido. Más confuso resulta el panorama si se tiene en cuenta que hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que avala la llamada "dosis mínima", y que el decreto para confiscar podría quedarse fácilmente sin piso jurídico. Además, no debería ser atacando los hilos más delgados y débiles, sino yendo directamente a las cabezas criminales, si se trata de acabar con esa actividad ilícita, siguiendo los paradigmas tradicionales.