Colombia celebra cada septiembre el mes del patrimonio, esto desde que el Ministerio de Cultura estructuró una política pública para proteger la memoria tangible e intangible del país, la misma que como tantas otras cosas está muy bien planteada en el papel, pero que a la hora de ponerla en práctica se queda sin llevarse a la práctica de manera efectiva. La información que publicó LA PATRIA la semana pasada, en la que da cuenta de la demolición de una vivienda que forma parte del Centro Histórico de Aguadas para construir un conjunto residencial, es buena prueba de las cosas que pasan.
Aguadas, Salamina y Manizales tienen la doble condición de tener centros históricos, por su conjunto arquitectónico conservado, y de ser parte del Paisaje Cultura Cafetero, declarado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estas ventajas les valieron a los dos municipios del norte de Caldas ser parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, selecto grupo que recibe apoyo del Ministerio de Comercio para la promoción turística.
Lo triste del episodio sucedido en Aguadas, que se encuentra investigado por el Ministerio de Cultura y que podría terminar en una sanción si los constructores del nuevo edificio y la Alcaldía no demuestran la exención de culpa, es que se trata de un municipio que supuestamente valora su acervo cultural. Terminada la mole que se hizo allí empieza la investigación. Las autoridades omitieron sus funciones de control y a los ciudadanos no les importó. ¿Qué esperar entonces en otros municipios caldenses en donde no hay quién valore estas estructuras históricas?
La misma situación se presenta en Manizales, en donde se caen casas y tejados por cuenta del abandono. Aquí la Asociación Centro Histórico ha propuesto iniciativas para mejorar la atención al centro en general y a los bienes patrimoniales en particular, con la ampliación de beneficios tributarios para quienes intervengan las casas y las conservan, adicionales a los ya existentes, que son mínimos. Porque parte del problema lo genera el Estado, que impone cargas a los propietarios de estas viviendas, pero no les brinda las oportunidades que merecen para que puedan solventar los gastos que entraña el mantenimiento de sus propiedades.
Hasta dificultades para asegurar los bienes han tenido los dueños. Solo en casos como el sucedido en Salamina, cuando un incendio devoró una calle completa de casonas en abril pasado, vienen a prestar atención. Estar en el Paisaje Cultural le permitió a este municipio obtener 70 mil dólares del Fondo de Emergencia de la Unesco para empezar trabajos para la recuperación. Todo un logro, pero aún en muchos casos no se entiende la importancia de esta declaratoria.
Los alcaldes municipales deberían responder por la falta de control cuando los ciudadanos se hacen los de la vista gorda con sus propiedades y las intervienen sin ningún respeto por las normas existentes, sean las de conservación o sean simplemente las de los planes de ordenamiento locales. Así es como se han creado desórdenes constructivos en muchos de nuestros pueblos que inevitablemente ven perder su historia, la que cada tanto saca alguien a relucir con deseo de hacer de esos lugares una oportunidad para el turismo. Pero no se dan cuenta que cada que se pierde una propiedad histórica, también se dejan las posibilidades de consolidar ese sueño.
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