Participación y control en minería

Qué difícil se ha vuelto el debate sobre la decisión que pueden tomar las comunidades en torno a la explotación minera en el país. Un fallo de la Corte Constitucional acaba de frenar la posibilidad de que los ciudadanos decidan sobre la materia. Tuvo en cuenta el fallador que el subsuelo es de la Nación y, por tanto, el Estado es el que puede otorgar o negar las licencias para la explotación de minerales. El debate se ha centrado en si deben los ciudadanos decidir sobre un tema tan técnico como este o no, y mientras tanto siguen infinidad de descuidos en la administración y la concesión de títulos mineros.
El asunto minero genera crispación en parte de la población, cada vez más consciente de la necesidad de proteger el medioambiente. No es para menos, pues son incontables las explotaciones que se hacen sin el menor cuidado y que afectan los ecosistemas, los ríos y la salud de habitantes, pero el principal problema de la minería no es precisamente por cuenta de las empresas legales, que cumplen con los protocolos exigidos y que hacen las compensaciones a las que se les obliga y que son vigiladas. Al contrario, los grandes daños los ocasionan los mineros ilegales, que a lo largo y ancho del país actúan sin control y sin que las autoridades ambientales puedan hacer mucho por detenerlos.
Por este motivo, el Estado lo que debe priorizar es cómo realmente hacer control a la minería. A la legal, por supuesto, pero el mayor reto es a la ilegal. Esta viene contaminando ríos, se mete a los páramos sin consideración o a las selvas sin importarle los efectos para los ecosistemas y la vida natural. La capacidad corruptora de quienes ejercen la minería criminal es muy alta y esto hace que cada tanto algún periodista dé cuenta de cómo en un lugar o en otro del territorio nacional más se demoren en hacer operativos las autoridades, que en volverse a asentar allí quienes explotan de esa manera los recursos de la Nación.
Es importante que se tenga en cuenta la voz de la comunidad. Que puede advertir de zonas de protección amenazadas, como en Santurbán o en Cajamarca o territorios indígenas. Que pueda llamar la atención sobre la amenaza a afluentes, páramos o reservas. Que pueda hacer veeduría a los proyectos. Pero condicionar los permisos a las veleidades de una elección es dar paso a que los intereses partidistas hagan de las suyas. Nadie quiere tener una explotación minera al lado de su casa, pero es una riqueza que tiene el país y no se puede dar el lujo de no explotarla.

Se debe tener en cuenta es una política clara de que se hagan las explotaciones con el menor daño posible, que siempre lo va a haber; y que se garanticen las compensaciones que se exigen, pero que tantas veces terminan siendo un saludo a la bandera. Todo, porque no hay un control efectivo, porque las autoridades que tienen que vigilar no lo hacen y porque el poder del dinero de quienes explotan estos lugares terminan imponiéndose a la debilidad del Estado. El Estado tiene que fortalecer su capacidad de vigilante y garante de que se cumplan las normas, pero eso parece mucho pedir en nuestro país.