Otra ley draconiana en Venezuela

La principal característica de la ley es que es general, esto es, que cobija a todas aquellas personas que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones. Esto indica que en un estado de derecho no se deben permitir normas que tengan nombre propio o que impongan cargas o beneficios a un sector de la comunidad en detrimento o favorecimiento de otro. Por eso es que la llamada Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela es otra prueba de que la democracia en este país es cosa del pasado.
Esta norma no solo es draconiana, sino que tiene cierto tufillo de revancha contra quienes aún osan levantar su voz de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro, que busca con autoritarismo y medidas como esta exigir una única mirada permisible, la que ordenen él y los demás líderes de lo que queda del chavismo. Esta norma que sale de una Asamblea ilegítima que se arrogó el poder del Congreso es solo otra manifestación de la represión que se busca imponer como una disciplina para perros. La consigna parece ser: o se suman a la fracasada causa socialbolivariana o son perseguidos.
Las muestras de que esto obedece a una estrategia que permita encaminar la nación al control absoluto del régimen y del unanimismo partidista, al peor estilo cubano, son estas reacciones. Y todo esto pasó en la misma semana en que se supo que Venezuela vuelve a liderar la lista de países con mayor inflación en el mundo, con una economía empobrecida, con una incapacidad para sostener los programas sociales que tanto cacarea. Ante la cruda realidad deciden mejor dar golpes de opinión, que se van a convertir pronto en golpes de fuerza, pues esta ley criminaliza la disidencia. Establece penas de entre 10 y 20 años de prisión contra lo que les parezca que es incitación al odio. Si la van a aplicar que empiecen por los comandos chavistas, violentos y armados, que tienen ya una cuenta larga de expresiones y de acciones contra quienes se oponen al Gobierno.
Claro, sostienen que esto lo decidirán las autoridades competentes, jueces entre estas, pero es evidente que la ambigüedad que deja abierta una norma como la que acaba de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente genera es la facilidad para tomar decisiones que claramente pueden ser excesivas. En un momento en que el mundo democrático exige que los llamados delitos de opinión se descriminalicen, Venezuela, como ya es costumbre, toma el camino de regreso al pasado.

Cualquier cosa puede caber en argumentos como los que plantea la Ley contra el odio, desde las manifestaciones públicas y masivas en las calles hasta la expresión de un ciudadano en una red social y la que se tenga en los medios de comunicación. Leyes como estas existen en Bolivia, que ha usado Evo Morales contra la prensa, y en Ecuador, en donde Rafael Correa la utilizó para fustigar a sus críticos y la cual anda en vía de desmonte, gracias al sano criterio del actual presidente Lenin Moreno. Decisiones como estas lo que logran al final es afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos y entre estos los de expresarse libremente, y es evidente que solo se toman en países que se quieren apartar de los parámetros de la democracia, como hace rato dejó de serlo Venezuela.