Orden urgente a la minería

Los bloqueos a la vía protagonizados por mineros en Irra, corregimiento del municipio de Quinchía (Risaralda) perjudican de manera seria a los caldenses que se desplazan entre el centro y el occidente del departamento y hacia Medellín. Es una vía de hecho que no puede aceptarse de ninguna manera. Sin embargo, este problema que ocurre en el vecino departamento y que no es atendido por sus autoridades con determinación al no afectarse de manera directa, es solo el síntoma de una situación más crítica y profunda que persiste sin que se logren avances en su solución: la informalidad y la ausencia de mínimas condiciones de seguridad industrial son las causantes de la muerte de numerosos mineros cada año en la región. Durante el 2017 se registraron 14 muertes en Caldas, y en el 2018 sumaron 7 por accidentes mineros. A esto se suman grandes daños ambientales en la región.

Si bien, la vía ya fue desbloqueada, cerca de 600 mineros permanecen en la zona haciendo presión para evitar que sus peligrosos trabajos puedan ser formalizados, ya que ellos consideran que sus labores son prácticas artesanales ancestrales que no pueden ser desplazadas. La realidad es que en medio de estas confrontaciones hay intereses ligados a la ilegalidad minera que se aprovecha de la mano de obra de los mineros tradicionales de la región, para obtener jugosos beneficios, que además de ser contrarios a lo permitido por la ley, no se traducen en medidas de protección para quienes se exponen a morir en peligrosos socavones, muchos de ellos debajo del lecho del río Cauca, que son llamados cúbicos. Es lo que pasa en el sector de Tintiná en Anserma (Caldas), donde peritajes técnicos argumentan la necesidad de su cierre.

Ya hay un avance y es que un grupo de los mineros aceptó reunirse el próximo martes a discutir el tema con la directora de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, la geóloga Mónica Grand, y con funcionarios de las gobernaciones de Risaralda y Caldas, para hallar salidas que apunten al remedio integral para tan complejo asunto. No es la primera vez que se viven estas tensiones en la región, ni la primera en que se acuerdan reuniones que busquen salidas sensatas, pero tenemos la esperanza de que esta vez haya apertura para aceptar los cambios que deben hacerse en la extracción minera, con el objetivo de obtener mejores ingresos y condiciones mínimas de seguridad para quienes trabajan en los yacimientos.

Es insensato insistir en que se permita la extracción de metales preciosos haciendo uso de esos túneles horizontales tan peligrosos, y que nada tienen que ver con el barequeo, que es la única práctica reconocida como artesanal y ancestral. Peor aún es que algunos se empeñen en reabrir minas que ya fueron cerradas, debido a que no cumplen con las condiciones para ser explotadas en forma segura, y que lleven allí a familias enteras de mineros con la promesa de mejorar sus condiciones económicas, cuando en realidad arriesgan sus vidas en beneficio de terceros que se quedan con la mayor parte del producto extraído, que además se hace con uso de tecnología incompatible con lo artesanal, y supera los volúmenes considerados legales.

Urge, entonces, ponerle orden a la minería, tanto en lo referente a los títulos otorgados por el Estado, como en las condiciones laborales en que son contratados quienes se dedican a este oficio. Y que, inclusive, los llamados barequeros reúnan la documentación que les permita tener un RUT que los habilite y reconozca como tales. Si bien no pueden apoyarse iniciativas como la de militarizar las zonas mineras de Caldas, como se ha propuesto, sí es fundamental ponerle orden al sector, sobre todo en beneficio de las familias de los pequeños mineros que solo saben ejecutar ese oficio.