La decisión de la Corte Suprema de Justicia de abstenerse de elegir fiscal ad hoc, al llegarle solo una dupla y no una terna para escoger, tras la renuncia de la magistrada Margarita Cabello a esa posibilidad, se convierte en una nueva oportunidad para el presidente Iván Duque Márquez. El desafío es que entregue tres nuevos nombres que cumplan no solo con ser buenos juristas, sino también que no tengan un sesgo político marcado y que ojalá posean carreras muy orientadas a lo penal, ya que deberá encargarse de casos de escandalosa corrupción alrededor de la constructora brasileña Odebrecht que así lo exigen.
El pasado viernes, el mandatario informó que ya estaba analizando nuevos postulados para poner a consideración del alto tribunal, en lo cual deseamos que su propuesta sea tan impecable que no haya posibilidad de que la Corte se vuelva a abstener de escoger. Lo conveniente en estos momentos, ya que se tomó este camino, es que se tenga pronto un fiscal ad hoc que garantice que aquellos procesos en los que el fiscal titular, Néstor Humberto Martínez, tiene probados intereses, se ejecuten con total independencia. La labor de ese nuevo fiscal debe venir acompañada de todos los apoyos técnicos y los recursos necesarios para que se pueda actuar con celeridad y contundencia, y recuperar la credibilidad en la justicia.
Sería conveniente que los nombres de los abogados Clara María González y Leonardo Espinosa Quintero que, si bien, son profesionales con capacidades suficientes, no hagan parte de la nueva propuesta, ya que carecen de enfoque en lo penal y tienen estrechas relaciones con el partido de gobierno, lo cual para este caso no es deseable. El hecho de que, por ejemplo, González sea la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, y por tanto subalterna de Duque, no suena bien para la tarea que debe desarrollar el fiscal ad hoc. Peor aún si, como lo ha dicho el propio mandatario, no tendría que renunciar a su cargo actual por ser el fiscal ad hoc un encargo ad honorem y sin términos de tiempo establecidos.
En aras de la transparencia en el desarrollo de las investigaciones de esos casos, lo ideal sería que a los ternados no se les pudiera tachar de afines con algún sector político. Este es un asunto tan serio y complicado que el país no puede darse el lujo de seguir generando dudas alrededor de las investigaciones judiciales. Hay que recordar que en medio está el episodio de un testigo clave y su hijo que murieron en raras circunstancias, en las que pese a las claridades que se han dado, persisten las dudas.
Insistimos en que la mejor manera de despejar el panorama y recobrar la confianza sería que el fiscal Martínez, con grandeza, tomara la determinación de dar un paso al costado y permitir que llegue a la titularidad un fiscal que no tenga la más mínima relación con Odebrecht, ni que se declare impedido de conocer de asuntos tan fundamentales como ese. Se le viene haciendo mucho daño a las instituciones con su proceder caprichoso de mantenerse en el cargo pese a tantos asuntos que generan desazón a su alrededor, que la mejor manera de repararlo sería no permanecer allí como obstáculo.
Como la idea es que haya quien se haga cargo de estas investigaciones con garantías plenas antes de que se produzca la llamada vacancia judicial, hay premura para que el Presidente le entregue a la Corte los tres nuevos nombres, y que en sesión extraordinaria el alto tribunal decida lo más pronto posible y se comience a despejar un panorama que se ha mostrado demasiado brumoso y enrarecido.
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