Entre hoy y mañana los estudiantes de las universidades de Caldas y Nacional sede Manizales, en sendas asambleas generales, tomarán decisiones acerca de regresar o no a las aulas de clase y así poder terminar el segundo semestre del 2018, el cual quedó inconcluso por el extenso paro de finales del año pasado. En diciembre, representantes estudiantiles de los centros públicos de educación superior llegaron a acuerdos con el Gobierno Nacional para la entrega de recursos adicionales durante el cuatrienio, y aunque ya se creía zanjado el problema algunos siguen pensando que sus exigencias deben ir más lejos.
Sin embargo, de persistir el paro, el efecto inmediato sería la necesaria cancelación del semestre, ya que el calendario no da para que haya más pérdida de tiempo. Como están las cosas, durante el 2019 se tendrán que cursar prácticamente tres semestres, y si esta semana no hay luz verde para el reinicio de clases sería imposible ajustar más las fechas y la consecuencia directa sería perder la posibilidad de recuperar este año lo perdido en el 2018. Está bien que se revisen los acuerdos y que se le exija al Gobierno que se cumpla cabalmente lo pactado, pero sin que eso implique seguir en paro.
Hasta el momento son significativos los perjuicios del cese para los propios estudiantes, quienes este año tendrán vacaciones recortadas. Además, para los que vienen de otras regiones la situación es compleja, ya que sus gastos se han incrementado, y durante el 2019 se elevarán todavía más. Muchos de ellos, inclusive, reciben subsidios de Familias en Acción solo si están estudiando. En las actuales circunstancias pierden ese beneficio. Si no hay un retorno a clases esta semana y se cancela el semestre el impacto negativo sería todavía más severo. A esto hay que sumar los efectos inconvenientes para la dinámica normal de Manizales, donde el alto número de universitarios implica movimientos de peso en la economía local.
Lo paradójico es que justamente cuando se reclaman más recursos para la educación pública, el cese implique costos más altos para las universidades, que no solo tienen que mantener funcionando su parte administrativa y pagando profesores que no dictan clases, sino que para ajustar cronogramas tendrán que asumir gastos adicionales. De acuerdo con datos oficiales, la Nacional de Manizales perdió cerca de $1.000 millones durante las 10 semanas de parálisis del año pasado, mientras que en la de Caldas esa cifra ascendió a los $3.500 millones. Si se suma lo ocurrido en las demás universidades públicas del país las pérdidas son bastante cuantiosas.
Esas son razones que hacen absurdo que se piense en extender más el paro, cuando la lucha por la calidad de la educación debe hacerse es desde las aulas y mostrando el real deseo de estudiar. De hecho, la mejor manera de protestar, como lo manifiestan varios directivos universitarios, es ocupando las aulas y poniéndose al día en conocimientos. En las actuales circunstancias, con unos compromisos estatales ya firmados, se hace mucho daño a la comunidad universitaria de la ciudad si hay un empecinamiento en no volver a las clases. Lo mismo podemos decir con respecto a las cerca de 20 instituciones que mantienen la protesta en distintas regiones de Colombia. La actitud debe ser de crítica y vigilancia, pero yendo a las aulas; sin perder de vista los acuerdos y su cumplimiento, pero demostrando que no son solo actitudes caprichosas, sino el auténtico interés de impactar positivamente en el bien común.
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