No paralizar la JEP

Razón tiene el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al hacerle un llamado de urgencia al Congreso para que tramite la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), porque "la paz debe estar por encima de cualquier partido o controversia política", y al hacer notar que un retroceso en este sentido va en contra de las víctimas y genera gran desconfianza en la Comunidad Internacional que ha venido acompañando el proceso de paz en Colombia. Resulta contradictorio que el Congreso que durante ocho años respaldó la paz, ahora parezca empeñado en enterrarla. Por fortuna ayer la Cámara le dio el visto bueno, pero falta que el Senado hago lo mismo en las sesiones extras que convocará Santos.

Es claro que el presidente electo, Iván Duque, tiene todo el derecho de manifestarse por medio de su partido en el Congreso para hacer ajustes a dicha jurisdicción, sin dañar la médula de su razón de ser, pero pensar que la discusión de la ley de procedimiento (que es accesoria al Acto Legislativo y a la Ley Estatutaria que le dieron vida a la JEP) no pueda tener su último debate, es desacertado, y solo lograría paralizar todo avance o llevar a que los magistrados de esa jurisdicción, echando mano de un mandato constitucional transitorio, terminen tomando decisiones que van a generar crisis en el ámbito de la justicia.

El proyecto de ley en discusión establece asuntos puntuales como las reglas para apelar una sentencia, recursos que se pueden interponer ante una resolución, cómo solicitar pruebas a la Fiscalía frente a casos específicos y todas las reglas de juego con las que pueden contar los magistrados en desarrollo de los procesos. Además, sin esta ley los organismos de control tampoco le pueden hacer seguimiento al trabajo de los magistrados de la JEP, lo que atenta contra la transparencia de los procesos; y la seguridad jurídica estaría en grave riesgo.

No parece ser este el momento más adecuado para demostrar quién tiene más fuerza en el Legislativo, cuando se trata es de que los casos que están en fila para el juzgamiento ante la JEP puedan ser evacuados de manera eficiente. No tiene asidero jurídico el argumento de tener que esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie frente a la Ley Estatutaria, cuando la realidad es que en el bloque de constitucionalidad en que fue incluido el acuerdo con las Farc ya estaba la JEP, razón por la cual la Corte ya dio el aval a esa justicia para tenga su ley de procedimiento.

Es más, ese es uno de los temas que no podrán ser modificados en los próximos 12 años, de acuerdo con lo fallado por la misma Corte.
Algunos critican que los magistrados de la JEP pueden estarse extralimitando, pero justamente para evitar que eso ocurra se necesita la aprobación de la ley de procedimiento. Sin ello, todo queda en el limbo, no se fijan reglas de juego claras y, ante el vacío jurídico podría estarse forzando a esa jurisdicción a que tome decisiones amparadas en su reglamento interno, lo que no es deseable. Si lo que se quiere es delimitar las funciones de la JEP, ponerle orden al sector de la justicia y cumplirle al país el deseo de empezar a avanzar en verdad, reparación a las víctimas y compromiso de no repetición de los victimarios, se necesita esta ley con urgencia.

Mucho mal se hace paralizando a la JEP, y dejándola al garete en estos momentos, cuando hay casos como el del exjefe guerrillero Jesús Santrich, que necesitan determinaciones de no dilaten más este asunto de manera injustificada. Sin embargo, esto es lo de menos, porque las implicaciones pueden ser peores. La implementación del acuerdo de paz podría tener fuertes reveses que generarían incertidumbres innecesarias en el país y de cara a la Comunidad Internacional, con perjuicios incalculables.