Es un principio ético básico y elemental no apoyar a quienes se mueven en la ilegalidad. Sin embargo, frente a la experiencia que hemos tenido en Colombia en los temas de la política, infortunadamente toca repetir y repetir que es necesario no apoyar a los criminales en sus aspiraciones electorales, porque cada cuatro años resultan elegidos en los cargos de representación popular algunos personajes cuestionados que solo tienen el objetivo de llegar a esas curules para llenar sus bolsillos y los de sus amigos con los recursos del erario. 
En un informe de la Fundación Paz y Reconciliación se observa cómo cerca del 40% de los aspirantes al Congreso de la República en las elecciones del 11 de marzo del 2018 tiene vínculos con actividades ilícitas o estructuras criminales. En esas listas para Cámara de Representantes y Senado hay familiares y allegados de quienes, por ejemplo, están hoy involucrados en los escándalos del llamado Cartel de la Toga, los sobornos de Odebrecht y la parapolítica. Es realmente detestable que ese tipo de personajes trate, sin ningún tipo de escrúpulos, sostenerse en el Legislativo durante los próximos cuatro años.
No obstante, más vergonzoso sería para el país que resultaran elegidos, ya que eso significaría que millones de colombianos que votarán en esas elecciones estarían respaldando esas propuestas torcidas, que son las que no permiten que en el país se den cambios que logren erradicar la corrupción y modernizar el Estado. Entre los candidatos señalados por Paz y Reconciliación hay 12 del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), y hay otros 53 aspirantes directamente vinculados con delitos, clientelismo y negocios ilegales inscritos por los partidos tradicionales.
El país político debe hacer una reflexión profunda sobre este comportamiento de las colectividades. Entregar avales a familiares y allegados de personajes que se beneficiaron con su presencia en las corporaciones públicas y que, por cometer crímenes, fueron condenados y puestos presos, es algo que no debería estar permitido. Es una verdadera desfachatez que los jefes de los partidos, sin el más mínimo sonrojo, y solo pensando en los caudales electorales que pueden mover y en los recursos que muchos de esos corruptos tienen para financiar campañas, les den vía libre a la posibilidad de que lleguen al Congreso. 
Como los políticos que manejan los partidos, en buena medida, no están dispuestos a ser rigurosos con los criterios éticos que deberían regir este tipo de aspiraciones, somos los ciudadanos los llamados a evitar que esas personas ganen. Hay que analizar muy bien las hojas de vida y solo acompañar esas candidaturas que ofrezcan antecedentes limpios, honradez comprobada y capacidad intelectual. De lo contrario, seguiremos entregándole nuestros impuestos y recursos a quienes solo ven la política como un negocio y no como el servicio público que debería ser.

Entre otros muchos casos, llama la atención que excongresistas como Musa Besaile y Bernardo Miguel "Ñono" Elías, busquen a través de sus hermanos (Johnny Besaile y Julio Elías Vidal, respectivamente) y otros amigos suyos mantener sus tentáculos en el Legislativo. Igual ocurre con familiares de parapolíticos como Álvaro García, Miguel Pinedo, Ulises Torres y Hugo Aguilar, por ejemplo. Los partidos de la U y Cambio Radical son los que más aspirantes tienen con esa clase de vínculos podridos, pero tampoco se salvan los partidos Liberal, Conservador y Opción Ciudadana. Esa respuesta de que "los delitos de sangre no existen", dada por Aurelio Iragorri, jefe de la U, es solo una falacia inaplicable en estos casos, cuando son evidentes las "herencias" que esos candidatos recibirán de sus patrocinadores corruptos.