Un informe de las Naciones Unidas acerca del estado del respeto a los derechos humanos en Nicaragua, en el que se evidenciaron los abusos de fuerza y las violaciones cometidas por los organismos de seguridad del Gobierno y paramilitares en contra de civiles desarmados, desató la ira del Jefe de Estado de ese país, Daniel Ortega, quien decidió expulsar al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a su grupo de trabajo. Para el mandatario nicaragüense tal informe es “extralimitado, parcializado y subjetivo”. El asesinato de unas 400 personas y el éxodo de miles de habitantes de ese país parece demostrar lo contrario.
Desde abril pasado, cuando Ortega intentó ejecutar una reforma que recortaba la seguridad social y afectaba a amplios sectores de la población, las protestas callejeras son pan de cada día, y en varias ciudades los manifestantes han establecido barricadas para defenderse de los ataques de las fuerzas oficiales. Aunque la Iglesia Católica y organismos internacionales han buscado mediar en el conflicto para recuperar la tranquilidad, el Gobierno no ha cedido a la petición de anticipar elecciones presidenciales y, por el contrario, el mandatario ha querido atornillarse más fuertemente al poder, y asegura que no se irá antes del fin de la actual legislatura, en el 2021.
Para el próximo 5 de septiembre, con base en el informe de derechos humanos, el Consejo de Seguridad de la ONU analizará el caso de Nicaragua y seguramente hará algún tipo de pronunciamiento más fuerte alrededor de una situación que se ha vuelto cada vez peor, y que comienza a parecerse a lo que tristemente ocurre hoy en Venezuela, con la similitud del comportamiento tirano de quien ocupa el Ejecutivo. De hecho, son cotidianas las detenciones ilegales de manifestantes (especialmente estudiantes), los casos de tortura y los juicios a puertas cerradas, hechos claramente violatorios de los más mínimos principios de los derechos humanos.
Ortega tampoco ha permitido que la Organización de Estados Americanos (OEA) ingrese al país como observadora de lo que está pasando, ya que además de que tiene un sesgo ideológico frente a ese organismo sabe que no va a lograr un resultado favorable, al haber criminalizado la protesta y haberse convertido en un dictador tal vez más inhumano que el propio Anastasio Somoza, contra el cual Ortega luchó para derrocarlo cuando lideraba el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). 
Como si fuera poco, las libertades de prensa y de expresión también son gravemente atacadas por el régimen de Ortega, lo que llevó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a manifestar solidaridad con los periodistas nicaragüenses, que vienen siendo víctimas de toda clase de restricciones a su oficio, además de asedio y agresiones. Una carta publicada el pasado sábado manifiesta: “En Nicaragua están en juego la vida, la seguridad personal, la libre expresión, opinión y reunión... las libertades y derechos esenciales son vulnerados como consecuencia de una campaña de agresión sistemática, continua y creciente por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega”. 

Ya el mundo empieza a tomar conciencia de la gravedad de la situación, y muestra de ello es que la Unión Europea haya suspendido la cooperación policial con Nicaragua, que se venía ejecutando desde octubre del 2013, para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, con un aporte de 10 millones de euros al año. Además, ya cerca de 26 mil nicaragüenses han buscado refugio en el vecino Costa Rica, en busca de condiciones dignas de vida, y en huida a las crueles represiones del gobierno de Ortega. Ojalá que pronto se halle una salida y que la crisis no coja la ventaja que alcanzó en Venezuela.