Razón tiene el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, al afirmar que los exdirectivos de Odebrecht vinculados en el entramado de corrupción en Colombia no le han cumplido a nuestra justicia, y que tal situación será notificada al Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde comenzó la investigación que cubre varios países de América Latina y África, y donde los vinculados se comprometieron a revelar montos precisos, contratos, funcionarios y políticos sobornados. Hasta el momento nada nuevo han aportado a las investigaciones.
Durante la semana pasada, en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, avanzó el juicio contra el expresidente de Corficolombiana, José Elias Melo Acosta (único directivo del Grupo Aval vinculado actualmente), en el que Luis Bueno Junior, Luis Antonio Mamerí y Luiz Da Rocha, exdirectivos de la firma brasileña han participado sin que evidentemente entreguen la información que con seguridad conocen, ya que estuvieron al frente de la operación de sobornos que en el caso de Colombia habrían ascendido a cerca de 50 millones de dólares. De esta cantidad solo se tiene hasta el momento certeza de 6,5 millones de dólares, entregados al viceministro de Transporte Gabriel García, quien hoy está preso acusado de haber recibido esa coima. García aseguró en el juicio que sabía que Corficolombiana asumiría el 30% de su pago.
Mejores detalles entregó el testigo Mauricio Millán, exgerente de Episol, filial de Corficolombiana, quien confirmó ante los estrados judiciales que alertó a Melo Acosta acerca de pagos sospechosos que se hacían desde esa empresa hacia compañías extranjeras. En este caso se habló de unos $18 mil millones, pero sin precisar a qué correspondieron. Lo único dicho por los brasileños implicados es que Melo Acosta sabía de la coima que se pagó a García para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2, a finales del segundo gobierno de Álvaro Uribe. Pese a que Mamerí, por ejemplo, dirigía Odebrecht para América Latina y Angola, no ha entregado datos relevantes, de lo cual se ha quejado el juez que lleva el caso.
Los nombres de la empresa española DCS Management, la panameña Silery Development Corp y la Sociedad Internacional Finance, de los Estados Unidos, han surgido en el juicio. A ellas llegaron pagos sospechosos por cerca de 14,6 millones de dólares haciendo uso de la banca privada de Andorra, Nueva York y Panamá, y provenientes del consorcio Autopistas del Sol 2. Así, evidentemente, hay muchos vacíos en el actual panorama de sobornos conocido, o de “créditos no reembolsables”, como preferían llamarlos los ejecutivos de Odebrecht. Habrá que seguir profundizando en las indagaciones para verificar a quiénes más llegaron esos pagos irregulares, porque en el caso de García fue utilizada otra firma con sede en Panamá, Lurion Trading, de su amigo Enrique Ghisays.

Durante esta semana seguirán las indagaciones alrededor del Melo Acosta, quien estuvo al frente de Corficolombiana desde el 2008 hasta el 2016, cuando ya se hablaba del entramado corrupto de Odebrecht en América Latina, y unos meses antes de que estallara el escándalo en Colombia. De los brasileños enjuiciados tampoco puede esperarse demasiado, ya que el retraso en el juicio, que debió comenzar en el 2017, se debió a las dilaciones en los acuerdos para legalizar el principio de oportunidad para los declarantes. Tales retrasos tuvieron como origen la comprobación de que en sus declaraciones anteriores no dijeron toda la verdad. Esperamos que al final de la diligencia el resultado no sea decepcionante. Los colombianos confiamos en que todos los responsables, sin importar quiénes sean, vayan a juicio y sean condenados judicialmente por sus graves delitos.