Durante este año, LA PATRIA ha seguido de cerca la contratación en el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. El hecho de que este organismo haya pasado en el 2014 de 364 millones de pesos de ejecución a más de cinco mil millones solo entre enero y septiembre del 2018, sin que se vea un impacto en el fortalecimiento de las expresiones culturales de la ciudad o en los programas que atraen turismo, llama la atención sobre la posibilidad de que se esté desfinanciando el organismo, que nunca ha tenido una solvencia suficiente para todas las tareas que tiene que cumplir, pues tampoco tiene una fuente de ingresos estable que le permita atender las obligaciones a las que se compromete.
Con el proyecto Lupa a la Contratación, que realizamos en asocio con la Corporación Cívica de Caldas y para este proyecto específico, apoyado por la organización Consejo de Redacción, hicimos seguimiento a los contratos y pudimos identificar situaciones que, si bien pueden no ser consideradas como violatorias de la ley, sí dejan mucho qué pensar en torno a la transparencia y a la selección objetiva que se puede hacer de los contratistas. A esto se suma que se presenta mucha tercerización de los contratos, con lo que se complica seguir la pista del dinero, pues no se puede conocer, y debería saberse, si esos contratistas invierten bien los recursos, contratan legalmente a quienes les prestan servicios, trabajan con la idoneidad que se espera de ellos, entre otros interrogantes sobre los que el Instituto no tiene una respuesta clara.
Como lo demuestra el informe publicado el pasado domingo, no es cierto que se contrate con las empresas sin ánimo de lucro porque otras no ofrezcan esos servicios. Hay más oferentes, tanto para organizar desfiles, para activar programas de recreación o para traer conciertos a la ciudad. Si la Administración municipal se empeña en traer un cantante específico, inclusive podrá hacer una convocatoria pública para que diferentes empresarios de artistas hagan sus propuestas y se escoja con base en precios, en los artistas o en los horarios o en beneficios adicionales. Así se ha hecho en otras oportunidades y no se depende del gusto del mandatario o director de turno.
Cuando se habla de una inversión de seis mil millones de pesos en nueve meses para la cultura y el turismo se espera que no haya quejas de los sectores que contratan con la administración eventos que ya son tradicionales, pero la realidad es que ha sido un año muy difícil para entidades culturales. Por lo menos dos grupos teatrales debieron cerrar sus sedes, se presentaron dificultades para realizar varios eventos y algunos recibieron un mínimo o ningún apoyo de la Administración municipal. El gasto parece irse en conciertos populares, en apoyo a fiestas de barrios y veredas, no a todos, y en otras actividades que atomizan la inversión.
La transparencia debe ser un requisito de toda la contratación pública. Se trata de un principio fundamental que debería servir para que los ciudadanos sigan el recurso público, cómo se invierte, que los contratistas puedan aspirar en igualdad de condiciones a mejorar sus ofertas. Pero la tercerización impide que se pueda hacer seguimiento al presupuesto. Como si fuera poco, es al menos inconveniente que se nombre en la Secretaría general del Instituto de Cultura a una persona cuya familia es una de las grandes beneficiadas con la contratación de esa entidad y del Municipio.
Son muchas las tareas pendientes del Instituto y se requiere de un cambio de actitud muy serio para devolverle la confianza. Porque lo visto hasta ahora hace temer que no hay suficiente control al gasto y la ciudad no está para andar malbaratando los recursos o para no tener certeza, al menos, de que se cuidan
