Los estudiantes universitarios y el Gobierno, después de 62 días de paro y protestas sin que se haya logrado un acuerdo, volvieron a sentarse a negociar el pasado miércoles, pero no se conoce ningún resultado positivo de ese encuentro. La semana pasada los voceros del Ejecutivo hicieron su mejor ofrecimiento, pero los estudiantes se mantuvieron firmes en sus exigencias, que están muy por encima de lo planteado. Si no se logra pronto humo blanco lo más seguro es que las negociaciones queden truncas por este año, y al comienzo del 2019 los cálculos de recuperación del tiempo perdido se podrían quedar solo en proyectos. De hecho ya se anuncia una movilización para el 17 de enero, lo que haría todo más difícil.
El Gobierno ofrece que los recursos para las universidades públicas se incrementen en 3,5% sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el 2019, 4% para el 2020, 4,5% para el 2021 y 4,65% para el 2022, pero la propuesta de los estudiantes es más ambiciosa. Reunidos en dos organizaciones, Unees y Acrees, exigen que los incrementos sean del orden del 5% para 2019, 6% para 2020, 7% para 2021 y 9% para 2022. Hoy debe reconocerse que el Ejecutivo ha elevado sustancialmente su propuesta inicial, y viene cediendo de manera sensata, mientras que la posición estudiantil parece inamovible.
Si se tiene en cuenta el acuerdo de hace un mes entre el Gobierno y los rectores de las universidades, hoy el ofrecimiento oficial es mucho mejor. Es cierto que en ese momento se cometió el error estratégico de no tomar en cuenta la voz estudiantil, por lo que el Gobierno debió sentarse luego con sus voceros, pero el levantamiento del paro no parece cerca. Ojalá que haya un momento de lucidez que permita el regreso a clases lo más pronto posible.
Nadie puede negar que desde 1992 se acumula un problema presupuestal que afecta a las universidades públicas, debido a la fórmula planteada en la Ley 30 y el contraste con el gran incremento de alumnos durante estos años (el tamaño de matrícula pasó de 926.184 en el 2000 a 2.234.285 en el 2016), pero por eso mismo pretender que en un solo cuatrienio se solucione todo el problema es pedir demasiado. Hay que actuar con mayor cordura y comprender las estrecheces económicas del fisco nacional. Con lo ofrecido podría avanzarse bastante en el desatraso, y ya resulta irracional tratar de sacar de donde no hay.
De hecho, si con lo ofrecido se tendrá una mejor financiación de la educación pública superior también debería corresponder a mayores exigencias en materia de calidad, en indicadores de cumplimiento de los docentes y en un conocimiento aplicado real en el sector productivo. Ahora hay que exigir que haya un verdadero esquema de eficiencia en el que los recursos no se diluyan en prebendas y beneficios desmedidos a profesores que no se comprometen con alcanzar mejores resultados institucionales. Esa es una autocrítica que todavía les queda pendiente a los estamentos universitarios y que los estudiantes no pueden ignorar. En las universidades públicas hay profesores muy cómodos, con grandes salarios, que no compensan con sus acciones lo que se les paga.

Al movimiento estudiantil hoy le pedimos que actúe con más responsabilidad y sensatez, de tal manera que no se perjudiquen más los mismos estudiantes y universidades públicas, ya que como están las cosas el año entrante se tendrán que cursar tres semestres. Si hay una pérdida adicional de tiempo, es probable que el 2019 no alcance para recuperar y el perjuicio sea todavía mayor para todos.