Más prevención contra incendios

La semana pasada tuvimos que reportar, lamentablemente, que en el corregimiento de Montebonito, municipio de Marulanda, seis personas lo perdieron todo durante un incendio que convirtió en cenizas dos casas del casco urbano. En total fueron siete las familias afectadas. Si no es porque la comunidad del sector salió con mangueras y recipientes a colaborar en el control de las llamas, las consecuencias serían hoy mucho peores, ya que al no haber allí un cuerpo de bomberos para atender emergencias como esta, la ocurrencia de este tipo de incendios deja en vulnerabilidad total a todo el pueblo. De haber cogido ventaja las llamas, estaríamos contando una tragedia mayor.
Lo de Montebonito refuerza la reflexión acerca de la necesidad de tener cuerpos de bomberos en todo centro poblado, sin que se repare o discrimine acerca de si es municipio o corregimiento o qué cantidad de población tenga. Si pensamos en lo ocurrido en Belalcázar el 24 de marzo del 2015 y el 21 de septiembre del año pasado; en Chinchiná el 8 de febrero del 2017, o el 6 de abril de ese mismo año en Salamina, evidenciamos la enorme vulnerabilidad de nuestros municipios para enfrentar esa clase de desafíos, relacionada en buena medida con la debilidad que sufren por lo general los bomberos en todo Caldas.
Es verdad que tenemos en nuestro departamento cuerpos de bomberos que, como el de Riosucio, ha sido objeto de reconocimientos por su labor, al punto de ser llamado para asesorar a otros colegas suyos en distintas partes del país. Sin embargo, esa es la excepción que confirma la regla, porque la gran mayoría de estas entidades municipales viven prácticamente de la caridad, carecen de equipos mínimos y son vistos con desdén, como un gasto innecesario desde diversas administraciones municipales. Debiendo ser prioridad, a los bomberos nuestros se les mira por encima del hombro o se les asignan recursos que no alcanzan a cubrir lo básico, cuando tenerlos bien debería ser prioridad, sobre todo con un enfoque de prevención. 
Hay que reconocer que diversos casos relacionados con este organismo de socorro en distintos municipios han terminado siendo actos flagrantes de corrupción y pésimo manejo de lo público, lo cual les ha restado credibilidad. Las peleas entre el cuerpo oficial y el de voluntarios en varios municipios, o hasta las mismas tensiones internas en una misma institución de esta clase, han causado mucho daño. Igual ocurre con el uso inapropiado de los cuerpos de bomberos para impulsar rifas y otras actividades que deben cumplir reglas mínimas, con objetivos poco claros. En esto hay que tener entender que para poder exigir respeto y consideración por tales labores, la ética debe ser lo primero. Estamos hablando del caso caldense que nos compete y afecta de manera directa, pero en el ámbito nacional la situación es muy parecida.
Para empezar a dar soluciones es fundamental que las alcaldías se decidan a destinar recursos claros y permanente para contratar con los bomberos, no solo en las tareas de apagar incendios, sino sobre todo para trabajar en la prevención de conflagraciones de consecuencias insospechadas, ante la existencia de gran número de viviendas en madera y otros materiales rápidamente inflamables. Los planes de contingencia, bien definidos, deben poder mitigar la ocurrencia de estos accidentes que cuando se salen de control resultan sumamente costosos social y económicamente.

En una región como la nuestra, donde los riesgos son variados y no se limitan a los incendios, se requiere una sólida política de prevención de desastres, que cuente con las herramientas y recursos necesarios para ser exitosos. No se le deben dar más largas a las soluciones, cuando a diario la realidad nos reclama que no nos quedemos quietos.