Los problemas de la salud en Colombia tienen toda clase de causas. No son solo los procesos de intermediación ejecutados por las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), ni los casos de corrupción en los que dineros para el sector terminan en bolsillos de particulares, sino que hay dificultades estructurales en el sistema que el Gobierno Nacional ha venido enfrentando de manera gradual, con el propósito de darle viabilidad financiera a toda la operación. En su más reciente anuncio el Ministerio de Salud señaló que recortará una serie de 44 medicamentos, procedimientos y tecnologías que considera ilógico que actualmente tengan que ser cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Aunque, por ahora, esta es una decisión en construcción, ya que los pacientes pueden hacer sus observaciones y comentarios hasta hoy ante el Ministerio, es un hecho que la intención es ahorrarle recursos al sistema de salud. Lo que no está claro es si con esta determinación es suficiente para lograr la estabilidad y los remedios que se necesitan para que en el futuro no haya peores problemas que sigan afectando a los usuarios que necesitan una atención adecuada y digna. Lo ideal sería que el próximo gobierno asuma la responsabilidad de ejecutar ajustes más profundos que lleven a que la atención de todos los colombianos mejore de manera sustancial en los centros hospitalarios.

De acuerdo con el Ministerio, el criterio para retirar servicios del Plan de Beneficios tiene varias razones: por la ausencia de evidencias científicas acerca de su utilidad, por ser productos de aseo, debido a que son suplementos vitamínicos o por tratarse de procedimientos quirúrgicos con fines exclusivamente estéticos. Parece bien justificada la exclusión de tales elementos y servicios, que no tienen una relación directa con los problemas concretos y serios de salud que puedan padecer los pacientes, sobre todo en lo que tiene que ver con cirugías que solo tengan un fin estético y de vanidad.

Inclusive hay que resaltar que desde la Asociación Pacientes Colombia se reconozca que la idea se ciñe a la Ley Estatutaria de la Salud y que hay buenos argumentos del Gobierno para ajustar ese plan como está previsto. No obstante, para que en el mediano y largo plazo se reconozca que esta decisión fue un acierto, los pacientes que antes buscaban este tipo de atenciones deben encontrar alternativas en el sistema que les ayude a encontrar el alivio a sus dolencias y mantener su calidad de vida. Está bien buscar métodos para optimizar los recursos, pero sin exponer de manera riesgosa la calidad. Además, las EPS deben cumplir cabalmente, por lo menos, con lo que quede en el POS.

​En todo esto hay que actuar con mucha sensatez, empezando desde los jueces. Está muy bien que ellos respalden con sus decisiones a pacientes que no son atendidos adecuadamente por el sistema de salud, pero no puede caerse en la irracionalidad que tanto se ha visto, de que los jueces ordenen de manera caprichosa tratamientos que muchas veces van en contravía de los criterios médicos, como si los jueces tuvieran el conocimiento científico para recetar medicamentos o practicar procedimientos quirúrgicos, por ejemplo. Si todos los colombianos aportamos al sistema, hay que buscar equilibrios en los que unos pocos no sigan desangrando la salud en perjuicio de quienes no representan gastos mayúsculos, pero que sí requieren una atención mínima de calidad aceptable.