Mal ejemplo para el 2018

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que no tiene aún claridad sobre la fecha exacta en la que vencerán los términos para tomar decisiones sobre el ingreso de dineros ilegales a las campañas del presidente Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, en el 2014, sigue demostrando que es un organismo sin ganas y sin capacidades para poder llevar a cabo una indagación como esta y tomar decisiones serias que ataquen los graves problemas que tiene hoy la democracia colombiana. Hoy, más que nunca, se comprueba la necesidad de hacer un profundo cambio en el sistema electoral en el que no haya injerencia de los partidos políticos y donde se cuente con dientes para investigar y castigar a quienes pretendan engañar al país.
Tampoco parece seria la actuación de la Fiscalía General de la Nación en este caso, al salir a decir que a las dos campañas sí ingresaron recursos de la cuestionada constructora Odebrecht, solo unos días antes de que caducara el caso en el CNE y después de que la Misión de Observación Electoral (MOE) prendiera las alarmas. Aunque ya se cuente con evidencias sólidas acerca de esa financiación ilegal en ambas campañas, no habría lugar a sanciones, lo que es una burla para nuestra democracia. Dejar caducar esta investigación es un pésimo ejemplo para las elecciones del 2018, donde son enormes los riesgos de que se repita la historia de dineros ilegales en las campañas.
Acerca de la actuación del CNE llama la atención el caso del magistrado Armando Novoa, quien fue bloqueado para investigar a través de una recusación en el pasado marzo. Por eso surgen críticas fundadas en el sentido de que todo este proceso se ha llevado con el objetivo de no llegar a ninguna parte, como suele ser el resultado de las investigaciones en ese organismo. Se espera que, por lo menos en el ámbito penal, haya algún resultado concreto en la Fiscalía, y que no termine igual que el proceso en el CNE.
Lo que ocurre en Colombia contrasta con lo que pasa en otros países de América Latina con respecto al ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas presidenciales o en otros casos de corrupción que guardan semejanza con lo que se denuncia aquí. En Brasil el expresidente Lula da Silva acaba de ser condenado, en primera instancia, a ir a prisión por 9 años y medio; el presidente Temer podría tener un destino similar. En Perú los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala también tienen castigos concretos por cumplir. Otros mandatarios y exmandatarios del continente se encuentran comprometidos con posibles irregularidades en sus campañas o en el ejercicio de sus cargos. En México, Chile, Ecuador y Argentina todavía el escándalo de Odebrecht podría envolver a muchos líderes políticos.
Esperamos, de todos modos, que todo lo que se ha conocido acerca de este caso de sobornos y financiación ilegal, sirva para que en las elecciones que se avecinan en nuestro país se eviten nuevas situaciones de esta clase. Sería mejor, desde luego, que la reforma política y electoral que se debe discutir en el Congreso durante la legislatura que comienza el próximo 20 de julio, pueda avanzar en cerrarle el paso a cualquier posibilidad de seguir cometiendo delitos contra la democracia.

En las últimas horas se conoció que el CNE se propone hoy aclarar dudas sobre las caducidades, y que cree que el proceso podrá extenderse hasta los próximos 7 y 12 de octubre. Como sea, en los cinco meses que han tenido para adelantar las indagaciones nada se ha hecho y es poco probable que en dos meses y medio puedan lograrse resultados contundentes, que no dejen espacio a ninguna duda.