Sin probidad es muy difícil lograr que las Fuerzas Militares en nuestro país ganen la confianza de todos los colombianos. Surgen nuevas acusaciones porque se habrían usado montajes con supuestos informantes y posibles plataformas de inteligencia para esquilmar recursos destinados a la seguridad del país. Así lo denunció la Revista Semana, que ya en otras oportunidades ha acertado al poner el dedo en la llaga en los excesos que se pueden cometer en una organización verticalmente jerárquica, en la que la unidad de cuerpo hace tan difícil que se avance en la verificación de las denuncias.
La Procuraduría General de la Nación confirmó que sí había investigaciones por este motivo y que habría separado del cargo a varios oficiales, pues las denuncias hablan de que estarían involucrados hasta generales, incluso un excomandante de las Fuerzas Militares. Los recursos perdidos en corrupción estaban asignados al Comando Operativo, y se habían montado cuatro estructuras organizativas, como otras que se han identificado en el pasado, para hacer labores de rastreo, inteligencia y operativos, que en la mayoría de los casos no fructificaban, pero con la ayuda de personajes de todo tipo inventaban procesos para justificar los gastos y no tuvieran problemas en caso de ser auditados.
Los gastos de este tipo de organizaciones públicas han sido cuestionados desde hace muchos años, pues cada tanto se hallan exabruptos. Amparados en que se trata de organismos que tienen que hacer su trabajo con absoluta reserva, que tienen a su cargo la seguridad nacional desconfían de todo control y se abstienen de rendir cuentas en el sentido más amplio, sino que siguen siendo de la cultura del tape-tape, a pesar de que muchos de esos gastos nada tengan que ver con temas delicados, en los que se entiende su reserva.
Llevamos más de un cuarto de siglo desde que los ministros de Defensa han sido civiles, un poco para buscar que la administración sea más transparente y los generales se dedicaran a lo castrense, pero siguen presentándose estas anomalías. Cuando la sociedad admite que sus organismos de seguridad actúen con ciertas reservas les entrega un voto de confianza que no debería ser traicionado nunca, pero la realidad es muy distinta. Es muy importante que la transparencia sea una condición sine qua non en todas las actuaciones de este organismo y que dé ejemplo de buen manejo de los recursos públicos.
Un país como Colombia, con tantos problemas de seguridad aún, en donde los grupos armados de diferente calaña siguen operando y generando zozobra en regiones completas como el Catatumbo o la frontera con Ecuador, el presupuesto nacional debe destinar buena parte para que se optimicen las tareas de control del Ejército y de la Policía. Pero es lamentable que estos recursos terminen en los bolsillos de unos cuantos personajes venales que desdicen del honor militar que tanto se pregona y se exalta.

Esperamos que las investigaciones avancen, se encuentre a los responsables, se proteja a los testigos y a los periodistas que han logrado exponer estos hechos delictivos y que, sobre todo, se corrijan los vacíos que permiten que este modus operandi haga carrera.