Caldas sigue presentando indicadores que muestran el avance en la adaptación a un país en postconflicto, y esto resultado de la Seguridad Democrática y de la vocación civil de sus ciudadanos. Por este motivo resulta muy triste que el Gobierno Nacional siga desconociendo el papel de este departamento en la transición a la paz, la que empezó incluso antes de que se firmaran los acuerdos con la guerrilla de las Farc. Este es un departamento sin presencia permanente de grupos armados, aunque no se puede bajar la guardia, pues acechan, y con San Andrés, el único que no tiene registros de cultivos ilícitos en sus tierras. Sin embargo, esto es insuficiente para la burocracia de Bogotá.
El portazo dado a los alcaldes de Caldas, principalmente al de Pensilvania y de Belalcázar, por los proyectos que pretendían lograr recursos para las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), cayó como un baldado de agua fría, pues se trataba de proyectos estructurados, que contaron con la asistencia y el acompañamiento de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y que durante el proceso fueron celebrados por los funcionarios y asesores del Gobierno Nacional. De nuevo, como sucedió con los territorios priorizados tras el acuerdo de paz para inversión del postconflicto, ningún municipio del Eje Cafetero quedó incluido, a pesar de contar con poblaciones como Samaná y Pensilvania, reconocidas en todos los recuentos como aquellas que más se vieron afectadas por la guerra.
El postconflicto sigue sin aparecer ahora que los nubarrones se ciernen sobre el proceso de paz. Por este motivo se hace necesario que el Gobierno replantee su política y entienda que no puede ser el único factor para favorecer los territorios el que digan las Farc, en donde tuvieron sus principales centros de operaciones hasta el final y no zonas como nuestro departamento en donde los problemas se quedaron después de que esa agrupación fue expulsada del territorio por la fuerza de las armas legítimas. Que en el imaginario de Colombia no se tenga presente lo fuerte que resultó el conflicto armado en nuestro territorio es entendible, pero no en las agencias del Estado que tienen las cifras y la memoria de lo que aquí sucedió.

Deben revisarse este tipo de decisiones que no miden el esfuerzo de una población en donde escasean los recursos, que no revisan la vulnerabilidad del territorio de volver a ser presa de la guerra, que no se dan cuenta de que logran es más apatía a los procesos de paz y que no entienden lo difícil que resulta para cualquier región convencer a los privados de invertir en ella. Para los caldenses queda demostrado que el liderazgo regional sigue ausente y que la fuerza no se les puede dejar solo a los alcaldes.
Queda cierto tufillo a que no se quisiera apoyar un territorio que vota muy distinto a como el Gobierno quisiera. Por todo eso, reclamamos de la Presidencia y de sus agencias atención a las quejas de estos municipios que tienen toda la viabilidad para lograr inversión de empresas privadas que quieren apostarle a la paz con desarrollo, aprovechando las reglas de juego planteadas por el mismo Estado. Negárselo, es negar la esencia misma del Acuerdo de La Habana.