Casi todos los mandatarios de Caldas empiezan su tercer año de mandato. Ven cómo el sol empieza a dar a sus espaldas y cuando miran atrás se dan cuenta de que los buenos propósitos por los que fueron elegidos y por los que llegaron a sus municipios se van estancando en la escasez de recursos, en las contiendas de minucia política y en la incapacidad técnica para responder a las necesidades de sus localidades. Eso queda en evidencia en el trabajo que hicieron los periodistas de LA PATRIA que le dieron una mirada a lo que está sucediendo con las administraciones municipales.
Nuestros municipios no son ajenos a una realidad nacional, la que les endilga responsabilidades y autoridad sobre cantidad de decisiones que son imposibles de tomar, bien por carencia absoluta de herramientas técnicas, o porque no habría presupuesto que lo hiciera posible, o porque si hacen cumplir la ley armarán un problema de orden público. Ejemplo de ello es la minería a todo lo largo del río Cauca y en las montañas de Marmato. Mucha de esta actividad viola las normas mínimas exigidas por el Estado, y a la Agencia Nacional Minera le parece que un alcalde debe aplicar la ley y punto, como si esto no fuera afectar el ingreso de cientos de familias. Una decisión que el alcalde no podría tomar sin el apoyo de autoridades militares. Y esto anticipa seguro un problema imposible de manejar en esas localidades, con el riesgo de que termine en una confrontación que afecte a los ciudadanos.
Este trabajo, que se publica desde hoy y hasta el próximo viernes, permitió ver que la mayoría de los planes de Desarrollo, ese instrumento técnico regulado para darles continuidad a las obras y planeación a los municipios, no pasan de ser un saludo a la bandera, en el mejor de los casos, y cantidad de incoherencias en otros. Es increíble que no haya indicadores claros para cumplirse, que no se revisen las metas y los avances sobre ellas, que hoy algunos alcaldes emprendan proyectos que ni siquiera están en esos planes o que se hayan olvidado de los que inicialmente establecieron.
Desde que hace poco más de 50 años se dio la separación del Gran Caldas, y el tiempo ha demostrado que de ser un departamento importante, se pasó a ser tres pequeños departamentos, costosos en lo administrativo. Ninguno ha solucionado por aparte los problemas que sufren sus comunidades, como de comunicación ideal y de generación de riqueza para todos. Se siguen teniendo las mismas dificultades para dialogar entre municipios, porque pueden más las visiones provincianas de desconfianza del otro y porque la politiquería sigue siendo una talanquera para el desarrollo.
Basta ver la región Centro Sur, incapaz de sacar adelante siquiera una asociación de municipios. La pobre gestión predial de varios de ellos, a pesar del desarrollo urbanístico en sus predios, muestra que se carece de autoridad y de lógica en la administración pública, para no hablar de ética.
En su más reciente libro, El orden de la libertad, el abogado Mauricio García Villegas habla de que un buen número de estados locales no cumple con sus dos funciones básicas: “cobrar impuestos e imponer orden legítimo". Y eso sucede tanto en la periferia del país como en nuestros municipios del centro, fundados en la región andina, en donde supuestamente hay mayor desarrollo.

Los informes de cada municipio nuestro así lo muestran. Desde el Gobierno Nacional no se les tiene en cuenta y desde lo local tampoco se logra un trabajo que permita pensar en un futuro promisorio. Casi ninguno logra ser autosuficiente y no se hace mucho para tener un plan que permita salir de ese marasmo. Esto pasa por la ausencia de una institucionalidad que llegue con soluciones y desarrollo antes que con fuerza. Un país que sigue confundiendo presencia del Estado con estaciones de Policía es un Estado que no ha sabido entender las necesidades de su nación, esa que se construye desde los pequeños poblados.