Seguirán siendo las cortes de menor jerarquía las que resuelvan sobre los pleitos que enfrenta el programa DACA. Con la demanda a este, el Gobierno del presidente Donald Trump pretende que por lo menos 700 mil personas no puedan seguir recibiendo permisos temporales para estar en el país, si no legalizan su situación antes del próximo 5 de marzo. Se trata de los conocidos dreamers, indocumentados que se encuentran en ese país al que llegaron cuando aún eran niños, muchos de los cuales son hoy estadounidenses hasta el tuétano, han adoptado sus reglas y su idioma. Ahora el Supremo de esa nación, al que había apelado el Gobierno, se abstuvo de conocer de fondo e insistió en que la competencia seguirá en donde se ha cumplido hasta hoy y que frenó la decisión del mandatario.
Pretendía el Gobierno que quienes no legalizaran su estado antes del 5 de marzo perdieran su condición migratoria. Con la decisión de la Suprema Corte, estas personas podrán seguir presentando documentos después de la fecha señalada por el ejecutivo, con el fin de buscar protección y reconocimiento del país que habitan y al que han ayudado a hacer grande, como antes los hicieron millones, pues Estados Unidos se hizo con las manos de los inmigrantes y sigue siendo así, a pesar de las intentonas por cerrar las fronteras del actual Gobierno y de otros que lo han antecedido.
Trump puso el futuro de esta medida en las manos del Congreso, al que instó a que tomara decisiones en torno a estas personas, pero el legislativo no lo hizo y por eso el temor de que el próximo lunes se desatara una cacería de brujas hacía temer lo peor. Ahora, con un poco de tranquilidad, las cosas se mantendrán en el estado en que se encuentran, aunque sigue haciendo falta una solución de fondo, pues expulsar de allí a quienes llevan tantos años viviendo, que no conocen cultura diferente, es generar problemas mayores en otros lugares y desarraigar familias enteras que ya son parte del estilo de vida del estadounidense.
Este nuevo revés en los tribunales de la Casa Blanca ha demostrado que aún hay sensatez y que funciona el sistema de contrapesos sobre el que se erigen las democracias sólidas. Esta se suma a la que recibió cuando intentó vetar la entrada de ciudadanos de varios países musulmanes y a la que impedía que las personas transgénero se enlistaran en el Ejército, entre otras. Quedan en firme por ahora las decisiones de los magistrados de California y de Nueva York que validaron el argumento de organizaciones sociales y varios estados que sostienen que no fue adecuado el proceso utilizado por el Gobierno para acabar con las protecciones a los dreamers.

El consenso sigue siendo lejano en el Congreso alrededor de una norma que resuelva de fondo la situación de estas personas, hoy amparados por el programa DACA, en el que pueden legalizar la condición y renovarla con permisos especiales cada dos años, pero es necesario adoptar una norma que resuelva su condición de una vez por todas. Al intentar pasarse por alto la Corte de apelaciones a la que debió acudir el Gobierno Trump de alguna manera irrespetó a la justicia de ese país, que ahora pone las cosas en orden, al insistir en que corresponde al superior jerárquico de los tribunales resolver el recurso y no a ella.