Hoy comienza la última legislatura de los congresistas que llegaron hace tres años y que deben tramitar en su cuarto y último año la mayoría de las iniciativas correspondientes a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. Para ello contarán aún con la ayuda del mecanismo del fast track, pero no podrán confiarse mucho en el tiempo debido a que la prórroga solo les deja un limitado campo de acción durante el segundo semestre de este año. El panorama tampoco es muy sencillo, si tenemos en cuenta la época preelectoral que atravesamos, en la que los congresistas tienen más interés en buscar votos para hacerse reelegir que en tomar buenas decisiones para los colombianos.
Ya el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que el Gobierno radicará siete proyectos relacionados con la paz, a los que se suman otras seis iniciativas que están en trámite en Senado y Cámara. Los nuevos proyectos son la Ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP), la Reforma política y electoral, la Ley que crea reservas forestales, las Garantías de participación ciudadana, la Reforma a ley de tierras, el Catastro multipropósito y el Régimen penal diferenciado para cultivadores de coca. A estos se suman los que están en trámite: Reforma a las regalías, Circunscripciones especiales de paz, Sistema de innovación agropecuaria, Adecuación de tierras, Modificación de la planta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Monopolio de las armas en cabeza del Estado.
Sin embargo, hay otra clase de iniciativas que no dan espera y que también necesitan debates serios. Los proyectos para fortalecer la lucha contra la corrupción tienen que ser prioridad, aunque en este caso deberán seguir el trámite ordinario. Siendo realistas, no se pueden fincar muchas esperanzas en las discusiones de los parlamentarios en los meses que vienen, cuando en época preelectoral afloran todas las prácticas que van en contra de la transparencia y la legalidad, y para gran parte de la clase política solo importa asegurar el poder al precio que sea. 
Sobre los temas de paz uno vital es la JEP, para la cual el 26 de septiembre deben estar designados todos los magistrados que se encargarán de esa compleja tarea. En esto no puede haber palos de ciego, ya que en la medida en que se demuestre que ese mecanismo es exitoso, se ganará mucha credibilidad en todo el proceso de paz en general, y se allanará el camino para que el Eln concrete su desarme y desmovilización. Esto debe ir de la mano de los cambios de fondo que se necesitan en el sistema político y electoral, así sea para que solo se apliquen después de las elecciones del año entrante, pero que abran el panorama a una mayor transparencia y seriedad en el manejo de los temas políticos.
No menos significativa será la discusión sobre las nuevas políticas de desarrollo rural, el catastro multipropósito y el régimen especial para los pequeños cultivadores, de tal manera que se abra la puerta a mejores opciones de desarrollo para el campo, donde más que campesinos, Colombia tenga empresarios agrarios. En esta misma línea el país debe demostrar que son acertadas las estrategias para acabar con los cultivos ilícitos y sustituirlos por productos que aseguren una digna rentabilidad para los cultivadores, pero sobre todo que la agricultura sea un factor generador de riqueza y crecimiento económico y social.

Hoy el senador Mauricio Lizcano, del Partido de la U, le entrega la Presidencia del Congreso de la República al conservador de la Costa Atlántica Efraín Cepeda, sobre cuyos hombros recae en mayor medida la responsabilidad de lo que ocurra durante los meses venideros. Por el bien de Colombia, esperamos que su desempeño y el de los demás parlamentarios sea decoroso y productivo.