La explotación minera tiene tantos factores que la afectan que resumir el resultado del pasado domingo en Cajamarca (Tolima) como la única postura posible es ser simplista. En este municipio ubicado a menos de una hora de Ibagué, de manera contundente los ciudadanos dijeron que no quieren este modelo económico. Ha hecho fácil carrera la postura de prohibir la explotación minera de cualquier tipo, lo cual no puede ser el argumento. Toda intervención humana genera conflictos, sea en la minería o en cualquier otro escenario de intervención del paisaje.
El mandato ciudadano busca defender las por lo menos 161 fuentes de agua que los habitantes de esa región consideraron amenazadas por el proyecto minero, que se estableció con el fin de extraer un depósito de oro que se calcula en unas mil toneladas en la vereda La Paloma, el cual iba a ser a cielo abierto. A la ciudadanía le asiste el derecho a pronunciarse sobre el modelo de desarrollo que quiere para su territorio. Esto es importante cuando se fijan metas claras y se trata de preservar la calidad de vida para las generaciones futuras. 
No deja de tener cierto tufillo a oportunismo, que se aproveche la decisión de un municipio sobre su futuro para satanizar la explotación minera por el solo hecho de estar a cargo de una multinacional. Es maniqueo decir que las multinacionales traen muchos problemas ambientales y desconocer que la pequeña minería echa a base de mercurio o de socavación del territorio sin respeto por las mínimas normas de seguridad o sin el cumplimiento de la ley laboral es menos gravosa. No puede ser ese el rasero. 
Se trata de priorizar si queremos proteger nuestro entorno y para ello no basta con impedir la explotación de las grandes corporaciones, sino que se deben dar pasos ciertos en crear realmente una política de preservación de los ecosistemas y de protección del medioambiente. El voto que se dio en Cajamarca y antes en Cabrera (Cundinamarca) y en los demás municipios en los que vendrá, como seguramente en Marmato (Caldas), deberá entenderse como un mandato para ir más allá y generar políticas públicas que ayuden a cumplir lo que los ciudadanos quieren, una producción limpia y un territorio que se preserve para el futuro como productor de agua.

Duro reto tiene ahora el Gobierno Nacional. Parte del modelo de desarrollo del país está basado en la economía extractiva. Ahora deberá respetar el mandato ciudadano y procurar no brincarse este paso en el futuro. No obstante, ya con estos dos antecedentes se ve poco claro que la minería a gran escala tenga futuro. Ahora deberá entonces buscar la manera de proteger los lugares en donde se prohibió la minería y esto incluye la que se haga a pequeña escala. Además, montar la estrategia jurídica para las demandas multimillonarias que se vendrán.