La contundencia con la que el presidente, Iván Duque, rechazó el sábado cualquier violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario de miembros de la Fuerza Pública es el tono que se debe mantener y la coherencia que se espera de cualquier Gobierno democrático. Ahora se requiere es precisar si las órdenes dadas a militares para mejorar los resultados operacionales realmente pasaron esta línea imaginaria que no se puede permitir, pues la legitimidad de un Estado se resiente cada que un integrante se sale de los cauces constitucionales y legales con el pretexto de un bien mayor.
Las denuncias hechas por generales del Ejército a The New York Times deben preocupar y es necesario que se establezca pronto si se trata de un criterio ordenado desde lo más alto, como ellos lo indican, o si fue una interpretación errada de las órdenes. Es evidente que debe haber indicadores para precisar qué cosas mejoran o no, y estos en políticas públicas de seguridad son clave. Lo que llama la atención es que se fije entre esas metas, el aumento en números de bajas. El capítulo de las ejecuciones extrajudiciales está vivo todavía y se empezó por órdenes como esta, que además se compensaban en premios para quienes dieran esos falsos positivos. Con ese antecedente, no trae nada bueno fijar indicadores como este.
No se puede quitar gravedad a lo que se señala en el informe del prestigioso medio estadounidense, en el sentido de que las órdenes estarían mediadas por permitirse incluso exabruptos como aliarse con delincuentes con el fin de golpear a otros, tal como sucedió a finales del siglo pasado y comienzos de este, en donde la connivencia de miembros de la Policía y del Ejército con grupos al margen de la ley solo dejaron crímenes y cicatrices que no terminan de sanar en la institucionalidad, y elevaron la corrupción. Por esto, no hay lugar a que con tanta experiencia se pueda pensar siquiera que es posible insistir en el predicamento de Maquiavelo: "Los fines justifican los medios". No, nada lo justifica.
Otro asunto que nos trae el informe es la manida ocurrencia de algunos políticos de no detallar en las cosas que pueden estar mal dentro de las instituciones, sino en atacar al mensajero. Se puede discrepar de si la información tiene vacíos, si se hicieron conjeturas apresuradas, pero no se puede señalar al periodista que buscó fuentes para contar esta historia. Estigmatizar a la prensa solo muestra la falta de argumentos para deslegitimar la información. Si alguien considera que hay vacíos, debe señalarlos y pedir las rectificaciones, pero atacar al mensajero en un país en donde aún se asesinan periodistas, en donde solo el año pasado hubo 200 amenazas contra informadores, no es un ejercicio responsable del liderazgo que otorga la política.

Esperamos que las Fuerzas Militares entiendan el llamado del presidente con toda la claridad que entraña. Si hay aún quienes creen que pueden aliarse con cualquiera para lograr resultados o que los Derechos Humanos son un estorbo para las operaciones, pues que se hagan a un lado, porque este es un predicamento que no puede tener discusión. De otra parte, bien valdría la pena que los partidos políticos cumplan con el compromiso de no estigmatizar a los periodistas por hacer su trabajo, el cual firmaron frente a varios garantes, convocados por organizaciones de prensa. Se deben proteger a los informadores y a sus fuentes en aras de una democracia más vital.