El novelón de las 16 circunscripciones especiales de paz todavía no ha terminado, pese a que en un pronunciamiento que pareciera definitivo, el Consejo de Estado le dio la razón al Gobierno Nacional en el sentido de que el cuórum en el Senado en las actuales circunstancias no debe calcularse sobre 102, sino sobre 99 congresistas, debido a las tres curules correspondientes a decisiones de “silla vacía”. El Artículo 134 de la Constitución Nacional es el sustento de dicha determinación, y pese a la claridad de dicha norma, el ambiente que se vive promete mantener las discusiones abiertas sin saberse muy bien cuál será el dictamen definitivo.
Si se toma en cuenta de manera literal lo que afirma la Carta Magna, la mayoría en las votaciones es 50, como en efecto ocurrió, y no habría lugar a pensar que se está haciendo ningún tipo de torcedura a la ley como algunos lo afirman de manera ligera. Para desenredar esta situación y que haya total claridad al respecto es fundamental que intervenga de inmediato la Corte Constitucional, revise el proyecto aprobado y aporte la determinación final que sea acatada por todos, sin más reparos oportunistas. Si lo que hubo fue un problema real en el trámite en el Congreso, con una supuesta doble votación, tales vicios de forma sí podrían llevar a invalidar la ley, pero ese es un asunto que también debe ser analizado a fondo por la Corte, y acatada plenamente la decisión que se tome.
Como sea, sí es importante que en Congreso de la República pueda escucharse la voz de las víctimas en las próximas legislaturas y hacia adelante. Solo si ellas hacen parte del centro de los acuerdos, como tanto se ha pregonado, será posible consolidar la paz en las próximas décadas y dejar atrás la seguidilla de guerras que ha sufrido Colombia a lo largo de su historia. Sin duda que su presencia es incómoda para muchos, y que para algunos políticos tradicionales tal vez sea mejor que no tengan escenario de expresión, pero el país debe avanzar en su proceso de catarsis y sembrar bases sólidas para dejar para siempre atrás la guerra.
Es muy obtuso pensar que en esos 16 territorios alejados en los que se tendrán las circunscripciones especiales (167 municipios en 18 departamentos del país) y donde ningún partido político podrá tener candidatos, incluyendo al partido político de las Farc, habrá tal grado de manipulación de los exguerrilleros que terminarán siendo curules que se les sumen a las asignadas ya a los exsubversivos en el Congreso. Inclusive es ruin pensar que los voceros de las comunidades que busquen allí representarlas estén en el plan de apoyar a las Farc, cuando por el contrario, al haber padecido su presencia militar es en esos lugares, se tiene allí un gran rechazo a la exguerrilla y la gente se volcará seguramente a votar para que no vuelvan. Aprovecharán esta oportunidad que les da la democracia para buscar que sean sus legítimos líderes quienes alcancen presencia en el Legislativo.

Tomando en cuenta el concepto del Consejo de Estado, que si bien no es vinculante sí aporta un elemento clave a la discusión desde el punto de vista jurídico, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, debería enviar el texto final de la norma aprobada al presidente de la República para su promulgación, y permitir así que sea la Corte Constitucional la que diga, tras su revisión, si las 16 circunscripciones especiales son válidas o no. Es algo que debe hacerse con urgencia para que las autoridades electorales puedan actuar con suficiente anticipación y garantizar que las elecciones allí se den de manera transparente en marzo del año entrante. Como sea, en esas zonas se necesita una mayor presencia del Estado, no solo de la Fuerza Pública, sino también con programas sociales que les genere a las comunidades de esos lugares un mayor sentido de pertenencia a nuestro país.