La recuperación de la Industria Licorera de Caldas (ILC) una vez más tiene que considerarse una buena noticia para el Departamento de Caldas. Que este año las utilidades lleguen a 40 mil 326 millones de pesos, después de impuestos, es un resultado óptimo que le brinda a la Gobernación oxígeno financiero para cumplir con proyectos planteados en su programa de Gobierno. Lo más positivo es que la mejoría se ve consistente en la nueva administración, pues hay crecimiento, claridad y proyectos para mantenerse por esa vía.

La Gerencia de la empresa atribuye los buenos resultados al saneamiento de los inventarios, al trabajo en equipo, a las estrategias de mercadeo para penetrar en mercados globales y haber logrado superar las secuelas de la Ley de Licores y del nuevo Código de Policía con sus restricciones para el consumo en sitios públicos. Esto necesariamente muestra que cuando lo público se administra con técnica, sin intereses politiqueros, con decisiones que piensan en la empresa y no en el protagonismo del gerente de turno, se pueden sacar adelante y se logra hacer de ellos también un eficiente eslabón de la producción regional.

Hay que valorar el esfuerzo que se viene haciendo en la actual administración de la Licorera, y en consonancia con la propuesta del gobernador, Guido Echeverri, para hacer un gobierno más transparente. En esto juega papel clave la inversión en herramientas contables que permitan tener garantía sobre los inventarios y los gastos. Resulta clave que esta entidad haya adoptado como norma subir sus contratos al Sistema Especial de Contratación Pública (Secop), pues son indicios de que se quiere hacer las inversiones de cara a los caldenses.

A pesar de todos estos logros, sabemos del riesgo que tiene la Industria Licorera de Caldas de ser administrada con criterios diferentes a los gerenciales y que fuerzas políticas, o incluso sindicatos, traten de apropiarse con fines particulares de lo que es un bien público. Ya vimos cómo bastaron apenas unos pocos años y la voluntad política de personas eficientes y honestas para volverla productiva de nuevo, pero la vulnerabilidad existe. Por ese motivo, vale la pena que desde ya, desde este buen momento por el que pasa, con la idea de seguir mejorando y de capturar negocios importantes que le den mayor rentabilidad, haya un acuerdo entre la clase política, los gremios, la academia incluso, los sindicatos y otras organizaciones civiles para proteger el que vuelve a ser el banco del departamento.

Bien valdría la pena pensar en un pacto de gobernabilidad, que vaya mucho más allá de las prácticas de buen Gobierno. Que dé un paso más en que se garantice el respeto por las decisiones de los directivos, que sean tomadas de manera técnica. Se requiere para eso un pacto de voluntades y un consenso de todos los caldenses para que la empresa sea protegida. Vivimos en el país poniendo como ejemplo lo que han logrado hacer los antioqueños con Empresas Públicas de Medellín, que se ha convertido en factor de riqueza para esa región, pues eso debería ser la Licorera. Si somos capaces de lograrlo, para que el buen Gobierno trascienda de personas y periodos gubernamentales a una política de Estado, el departamento podrá contar con recursos para invertir en los caldenses y para rato.