Pese a que el año pasado el expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Iván Duque expresaron su compromiso con la protección de la vida de los líderes sociales en Colombia, el 2018 fue el peor año en agresiones contra ellos, de acuerdo con un informe de la ONG Somos Defensores, que registró 805 agresiones, 245 más que en el 2017, un incremento del 43%, lo que resulta altamente preocupante para el logro de la paz en el país. De hecho, fueron 155 los asesinatos, 49 más que en el 2017, mientras que las amenazas se dispararon en un 57%, al pasar de 370 a 583. Miembros de las juntas de acción comunal en sectores rurales son las principales víctimas de los ataques.

Lo más complejo es que las autoridades no han podido establecer quiénes están detrás de estas graves agresiones, que ya fueron reconocidas como sistemáticas por la Fiscalía. Según Somos Defensores, frente a los homicidios del año pasado no se tienen responsables en 111 casos, mientras que 16 son atribuibles a paramilitares, 12 a disidencias de las Farc, 9 al Eln y 7 a miembros de la Fuerza Pública. Las zonas del país más afectadas son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca, y la modalidad de sicariato ha sido usada en el 89% de los hechos. En Caldas, aunque en niveles menores, también los líderes sociales han sido víctimas de agresiones. Lo ocurrido en los años anteriores no es muy diferente.

La lucha territorial de actores armados ilegales está en el trasfondo de esta situación. Muchos de los líderes se manifiestan en contra de que organizaciones delictivas ocupen territorios que en el pasado fueron dominadas por la exguerrilla de las Farc. En otros casos los líderes reclaman territorios que en el pasado fueron objeto de despojo por guerrillas y paramilitares, y en términos generales se expresan en medio de quienes han sido protagonistas del conflicto armado, exigiendo derechos y en defensa de sus comunidades. Eso resulta chocante para quienes tienen interés de mantener vivo el conflicto y evitar que la anhelada paz pueda concretarse. Narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas comparten la intención de erradicar a quienes son palos en la rueda de sus ilegales negocios.

Si bien, a comienzos del año, el presidente Duque lanzó el Plan de Acción Oportuna (PAO) para tratar de proteger la vida de los líderes sociales, en lo que va del 2019 las cifras de asesinatos siguen por la misma línea. De hecho, hasta el pasado 14 de marzo fueron asesinados 29 líderes en el país, lo que llevó a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a manifestar la urgencia de aplicar políticas que vayan mucho más allá de las opciones militares, y se enfoque más en acompañar a los líderes en la búsqueda de los objetivos por los que luchan sus comunidades, en lo relacionado con la sustitución de cultivos, por ejemplo, y hacerle frente a quienes ejercen la violencia para seguirse lucrando del narcotráfico.

Hay, entonces, un incremento exponencial en los ataques contra líderes sociales, cuando se esperaba una reducción. El Estado no puede estar quieto ante semejante problema, que tiene asombradas a importantes organizaciones internacionales de derechos humanos que exigen parar este derrame de sangre, identificar responsables y ejecutar contra ellos duras sanciones judiciales. Lo hecho hasta ahora es ineficiente, y mientras no se adopten medidas de fondo y se le considere un asunto prioritario seguirán apareciendo asesinados todos aquellos que encabezan de manera pacífica causas comunitarias que consideran justas. Además, mientras se obstaculice la implementación de los acuerdos de La Habana los homicidas se sentirán autorizados para asesinar a los reclamantes de tierras, por ejemplo.