Desde hace muchos años que la falta de planeación en la contratación es motivo de críticas en la Dirección Territorial de Salud de Caldas porque se evidencia la falta de rigor, la libertad para contratar y la facilidad para hacer politiquería por la cantidad de contratos de prestación de servicios que se renuevan cada tanto o no. El proyecto Lupa a la Contratación demostró una vez más esta situación, para la que como suele pasar cada que se le pregunta a un funcionario de por qué suceden estas cosas, tienen explicaciones que ellos consideran legales y razonables.
No obstante, no podemos normalizar estas situaciones. Son las que abren los boquetes por los que se cuela fácilmente la corrupción en nuestro país. Evitar las licitaciones públicas como sistema de ejecución presupuestal es impedir que haya equidad para los oferentes. Mantener año a año a una cantidad de personas con contratos de prestación de servicios es impedir que ellos puedan vincularse formalmente y se niega la posibilidad de que se hagan las reformas que se requieren, pero da la impresión que todos parecen conformes con esto. Si el personal se necesita, pues deben sincerarse las cifras y proceder a hacer la convocatorias, los concursos, llenar las vacantes y dejar de jugar con las necesidades de los contratistas.
Dice el director de la Territorial que es imposible planear la contratación como lo exige la ley, una respuesta que debe ser revisada con sumo cuidado, pues si corresponde a la realidad y eso pasa en todo el sistema de salud en el país, entonces habrá que reformar los procedimientos y las normas que sea necesario para que se pueda planear, pero si lo que trata es de evadir la responsabilidad y simplemente justificarse valdría la pena que la Contraloría determinara si esto es real, porque es violar un principio de la contratación pública con conocimiento de causa.
Vale la pena que se preste atención a lo que sucede en el Hospital San Félix de La Dorada, en donde se ejecuta un importante contrato, que se inició hace dos años y debió terminar hace rato, pero sigue de prórroga en prórroga. Esta semana se tendrá una nueva reunión para saber si se va a entregar en el nuevo plazo estipulado. Es hora de que se busquen responsables y se impongan las sanciones a quien se deba.

Como insistimos con estos informes, la contratación pública es necesaria para el buen funcionamiento del Estado, pero que es por allí por donde se da el mayor riesgo para la corrupción lo determinan organizaciones y veedurías dedicadas a ahondar en estos temas. Por este motivo es que creemos que se hace necesario revisar cómo se puede reducir la contratación directa, cómo se pueden tomar decisiones para que no se dependa en el funcionamiento de contratistas, sino de empleados y que se asuma el riesgo, con el costo político que esto entrañe, de modernizar una entidad que tiene serios cuestionamientos de opacidad en la información, incluidos los informes estadísticos, clave para las políticas públicas. Qué bueno que ahora que la Gobernación trabaja en un proyecto de datos abiertos empiece por la contratación y ojalá no se le olvide incluir allí a sus entidades descentralizadas, como esta.