Terminada la Feria de Manizales, actividad típica en la que se desborda el abuso del espacio público por cantidad de personas que encuentran en esta semana una oportunidad para el rebusque y la mejora de sus finanzas, bien valdría la pena que se retomaran las ideas para plantear en serio el problema de la invasión de andenes, antejardines y bienes de uso público por particulares.
El 2018 terminó con una polémica por cuenta del permiso otorgado por la Alcaldía a un particular para ocupar un espacio privilegiado en el sector de El Cable, en donde se encuentra el metro cuadrado construible más caro de la ciudad, sin que mediara ningún proceso de selección objetiva. Se trató de un proceso otorgado a dedo, sin contraprestación segura para el Municipio. Como si fuera poco en el mismo sector, se autorizó el montaje de otra caseta sobre el separador de una avenida, con los riesgos que entraña cruzar las vías para los transeúntes. Esperamos que estos asuntos se investiguen.
Al tiempo que esto sucedía, se hacía una convocatoria pública en el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales para encontrar proponentes que ocuparan las accidentadas terrazas de la calle 55 con Avenida Paralela, en donde los comerciantes pagarán a la entidad 500 mil pesos mensuales más IVA, por el uso de ese espacio acondicionado con recursos públicos. Es decir allí se paga, pero en otro lado no. ¿Por qué?
Como si fuera poco, después de seis meses de haberse hundido el proyecto de Acuerdo 111, que intentaba regular el uso de terrazas y antejardines para comercio, por la falta de diálogo y de consenso, la Alcaldía no ha logrado presentar una propuesta nueva que ayude a regular este tema, que se necesita con urgencia. La renuencia de esta Administración para dialogar le ha impedido sacar adelante la iniciativa y los distintos secretarios encargados del tema dan respuestas confusas cuando se les pregunta.
Con este panorama comienza el 2019, sin contar la cantidad de espacios públicos que son invadidos por vendedores informales de comidas, de cachivaches, de todo tipo de cosas, sin que se logre tener una solución. A finales del 2018 se inauguraron las obras del Parque Cristo Rey y en el acto, el alcalde, José Octavio Cardona, entonó un altisonante discurso en el que fue enfático en que no permitiría que vendedores ambulantes de ningún tipo invadan ese espacio. Esa misma vehemencia se requiere para defender los demás espacios de la ciudad.

Para eso existe el censo de vendedores que fueron autorizados hace unos 15 años, y los que se han tenido que permitir por órdenes de jueces a través de tutelas, pero se tiene que trabajar más en tener una política clara. No solo se trata de defender el espacio público de estas personas, sino para que los locales legalmente establecidos que ocupan también sus terrazas y antejardines paguen algo por su uso y respeten ciertos parámetros, como en todo el mundo. Esto fracasó el año pasado, porque no se escuchó a los comerciantes y se quiso cobrar una cifra exorbitante, al compararla con lo que pagan en otras ciudades, como lo mostró LA PATRIA en su momento. Bien valdría la pena que la Alcaldía se tomara en serio la política para uso del espacio público y así impedir que la ciudad se vea todo el año como si estuviera en Feria, invadida.