Mientras que los nicaragüenses siguen esperando a que su presidente, Daniel Ortega, reflexione y dé una respuesta a la propuesta de los jerarcas de la Iglesia católica, que el pasado jueves le entregaron una carta en la que piden la democratización del país centroamericano, la cifra de personas muertas llegaba el domingo a 139, la mayoría de ellas víctimas de disparos con armas de alto calibre en la cabeza, el cuello y el torso, lo que ha llevado a Amnistía Internacional (AI) a afirmar que son ejecuciones extrajudiciales, y por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia a las fuerzas oficiales de la represión violenta. 
La expectativa está en la respuesta que Ortega pueda entregar a los obispos para tratar de hallar una salida pacífica y democrática a la crisis, aunque pocos se hacen ilusiones, conocedores de la actitud intransigente que ha tenido el presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que desde hace años pavimentaron el camino para apropiarse y quedarse en el poder sin un horizonte cercano. Ante la creciente represión del Gobierno los civiles han optado por levantar barricadas en sectores clave de ciudades como la capital Managua, lo mismo que bloqueos a las carreteras, lo que ya genera un perjuicio serio a la economía. 
Debemos recordar que el estallido de la crisis actual surgió el pasado 18 de abril, cuando Ortega quiso introducir cambios en el sistema de seguridad social, que no solo afectaban a los trabajadores sino también a los empresarios que siempre apoyaron al régimen y, en momentos, fueron cómplices de la corrupción. Sin embargo, esa fue únicamente la gota que rebosó la copa de una serie de abusos y actuaciones autoritarias del régimen de Ortega que el pueblo no quiso ya tolerar. Por eso, aunque el mandatario se echó para atrás en la reforma, los ciudadanos se mantuvieron firmes en la protesta, porque lo que quieren es que el mandatario y su esposa se vayan y dejen el camino libre para darle vuelo a la democracia real. 
De varias maneras la Iglesia católica nicaragüense ha buscado alternativas para emprender un diálogo que apacigüe el país, pero la respuesta de Ortega ha sido una represión creciente que se ha extendido por casi dos meses, haciendo uso de grupos paramilitares que accionan armas similares a las que pertenecen a la fuerza pública oficial. Eso evidencia excesos en el uso del poder y graves violaciones a los derechos humanos que deben terminar. Ya la Organización de Estados Americanos (OEA) se manifestó para rechazar la represión en Nicaragua, pero es necesario que la Comunidad Internacional lo haga de manera más contundente, y presione una apertura real hacia la democracia. 

Ortega debe comprender que la única manera que existe hoy para contener al pueblo inconforme es anticipando elecciones y permitiendo que el país escoja libremente su destino. Atornillarse en el poder lo llevaría a profundizar la represión, lo que ya es insostenible. La mejor opción para Nicaragua y para una salida digna del actual mandatario es que tenga la grandeza de retirarse y comprender que los ciudadanos están cansados de sus abusos y violaciones, y mantendrán su resistencia hasta lograr que se vaya. No puede permitirse que la guerra civil regrese al país centroamericano con nuevos baños de sangre.