La discusión quedó planteada el año pasado y el proyecto hoy es muy diferente al inicialmente presentado por el Gobierno, pero aún hay reparos serios al articulado y bien valdría la pena que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones prestara atención. Si no lo hace, deberá el Congreso seguir corrigiendo los defectos que presenta y poniéndolo a tono con los más altos estándares que se tengan en el mundo, pues dejar la puerta abierta para posibles censuras, para un ejecutivo acaparante del poder y para la doble función de juez y parte no es conveniente.

Hay que partir de que la premisa que da origen a la presentación del proyecto de ley TIC es totalmente cierta y el país necesita que se corrija, que se logre conectividad en toda Colombia. Nadie ha dicho que no se requiera una legislación, de hecho hay consenso en este sentido, pero no por ello se pueden menospreciar los interrogantes que hacen comunidades informadas. Ante las críticas surgidas durante la discusión de la ley en el Congreso, el Ministerio se montó en las llamadas socializaciones, que ya cumplió su cita en Manizales. El problema es que se trata de una presentación de cartilla, en la que se repite como cantinela los lugares comunes que refuerzan las ideas del Gobierno, se le da la palabra al público, pero no parece que se le tuviera en cuenta. No hay conversación, solo información.

Seguimos creyendo que no era necesario el mensaje de urgencia, que no se debe correr para presentar el proyecto en extraordinarias, que se puede hacer una mesa técnica con personas conocedoras e interesadas en aportar para obtener la mejor ley posible, pero para esto se requiere el liderazgo del Ministerio de las TIC, mostrado en otras oportunidades, y que en este tema aún no sale a flote.

La ley tiene que definir no solo las conexiones a internet, sino cómo se van a pagar. No puede ser, como sucedió el año pasado cuando se paró el servicio en los puntos Vive Digital y en las escuelas y colegios, que se siga creando infraestructura para que la mantengan los exiguos presupuestos municipales. Esa posibilidad no es viable y la ley no lo aclara. Alguien debe pagar la factura. Una alternativa sería apoyar redes comunitarias que ayuden a irrigar la conectividad en la última milla, pero no hay incentivos en la ley para estas, solo para los privados monopolísticos.

A esto se suman las advertencias sobre la entidad que remplazaría a las agencias nacionales de Televisión y del Espectro y a la Comisión de Regulación de Telecomunicación. El nuevo ente quedaría con mayorías surtidas desde el ejecutivo, y al tratarse de una organización reguladora y con funciones disciplinarias esto sería mucho poder para, por ejemplo, un Gobierno autoritario que llegue. Por esto, valdría la pena revisar los pesos y contrapesos. Garantizar el pluralismo tiene que ser una virtud para cualquier ente regulador colectivo, pero como están las cosas el riesgo de que el Ministerio sea juez y parte es muy alto.

Todo esto es corregible. Aún falta el paso por las plenarias de Senado y Cámara, ojalá el Gobierno sepa escuchar las sugerencias y obviamente es posible que no se ponga de acuerdo en todo, pero al menos sí en lo esencial, en garantizar que no quedará la puerta abierta para posibles censuras y en garantizar los recursos para lograr la anhelada conectividad, que tanto trasnocha al Ministerio.