La hoja de ruta

Comenzó a ser discutido esta semana en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que regirá hasta el 2022 cuando llegue a su término el actual gobierno del presidente Iván Duque. En este documento se plasman las metas y prioridades de acción del Ejecutivo, se aprovecha también para hacer ajustes en las entidades del Estado, suprimiendo algunas o redireccionando otras, para listar las inversiones que se pretenden realizar en el cuatrienio y para cambiar reglamentaciones, como las de los criterios para otorgar subsidios, que pueden tener consecuencias delicadas en amplios grupos poblacionales. 
Cuando el PND llega al Congreso para ser estudiado y aprobado, se supone que el Departamento de Planeación Nacional, encargado de su elaboración, tuvo el cuidado de discutirlo con todas las instancias del Gobierno, y en particular con el presidente Duque, quien debe aprobarlo antes de presentarlo a los parlamentarios. Sorprende por eso que sea el propio presidente quien ahora se esté oponiendo a algunas de las propuestas contenidas allí, como la que cambia la forma en que se definen los subsidios a los servicios públicos, o la que aumenta el porcentaje de los ingresos sobre el que los trabajadores independientes aportan a la seguridad social.
El debate sobre la forma en que se asignan los subsidios es necesario y conveniente, pues aunque nadie niega la precariedad en que subsisten muchos colombianos y la obligación del Estado en contribuir a que tengan un mejor vivir, también es cierto que con los criterios actuales hay mucha gente que no requiere de esas ayudas y las está recibiendo, quitándole esa posibilidad a otros con más necesidades. Idealmente los subsidios deben atender coyunturas especiales que deben superarse con el tiempo, pues no es sano que se creen beneficios que se vuelvan permanentes, pues así se generan estímulos perversos en la economía.
El PND propuesto tiene otras propuestas delicadas, como plantear la modificación del impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos, que arrebataría recursos a las regiones, para después decir que fue una especie de "descache" que será solucionado. Como están hoy las cosas, se beneficia a los licores importados y se les da un duro golpe al ron y aguardiente que se producen en el país, cuyos impuestos se incrementarían hasta en un 40%, según han advertido las licoreras nacionales.
Este proyecto de 183 artículos, con una proyección de inversión por $1.096 billones, y que se presenta como la brújula para orientar el crecimiento del país en los próximos cuatro años, debe ser coherente y consistente en sus metas, por lo que ojalá tenga un debate a la altura de su importancia, libre de micos y componendas. Tranquiliza saber que la principal inversión en infraestructura para Caldas, el aeropuerto de Palestina, esté incluido en el Plan, pues aunque eso no garantiza la ejecución de las obras, si no estuviera no tendríamos nada. 

El PND es presentado como el resultado de combinar tres pilares fundamentales: legalidad, emprendimiento y equidad, en donde las metas en reducción de la pobreza, generación de empleo y estímulo al crecimiento económico son prioridades y afines con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por las Naciones Unidas. La intención es buena, pero para que sea coherente es fundamental que se mantengan e incrementen las inversiones en las zonas que más han sufrido el conflicto armado y trabajar para construir paz duradera allí.