Secuestros, muertes selectivas, combates y desplazamientos. No se trata de hechos que hayan quedado en el pasado en Colombia. Las noticias de los últimos días nos recuerdan que si bien hubo un acuerdo de paz con las Farc, la presencia de grupos al margen de la ley, tanto de bandas criminales, como de guerrillas, es permanente en muchas zonas en donde incluso dominan. A esto se suman los combates entre propias disidencias de esa agrupación guerrillera, como se presentan en el sur del país, con lo que afectan a la población civil y obligan a operativos militares que aumentan la sensación de zozobra para sus habitantes.
Como si fuera poco, las dificultades propias de poner en ejecución el acuerdo de paz y la incertidumbre que genera la falta de claridad en varios temas, por el cambio de Gobierno, por las interpretaciones que se dan en sectores políticos o judiciales y por la falta de decisiones de fondo frente a quienes reincorporados a la vida civil han sido señalados de continuar delinquiendo, provocan que algunos guerrilleros hayan escuchado cantos de sirena para volver a la ilegalidad, lo que sería jugarles sucio a los colombianos.
Los dirigentes del hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se han visto obligados a pronunciarse para invitar a quienes han abandonado la legalidad a que la retomen antes de que cometan errores que los pongan de nuevo en la mira de las autoridades. Al sellarse el acuerdo de paz, lo que hizo el Estado fue un gesto de perdón para quienes corrían el riesgo de morir en medio de la guerra o de parar en una cárcel a pagar por sus delitos sin consideración.
De por lo menos tres líderes de las antiguas Farc no se conoce su paradero: Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, que llegó a ser número dos de esa guerrilla; Hermán Darío Velásquez, alias el Paisa, de los más temidos comandantes de frente; y Henry Castellanos Garzón, alias Romaña. Aunque su desaparición no implica que hayan vuelto a delinquir es un mal mensaje el que no den cuenta de su paradero. Ponen en riesgo un proceso que ha sido celebrado por la comunidad internacional y que en efectos prácticos ha reducido la cantidad de muertes en combate en Colombia y ha devuelto la tranquilidad a varios territorios, a falta de que aún llegue el Estado a suplir las necesidades de los pobladores.
El pronunciamiento de los dirigentes del partido Farc también denuncia la muerte de por lo menos 75 exguerrilleros, lo que es otra amenaza para el proceso y que llama la atención del Estado para que proteja a estas personas, pues de ello depende la confianza que se tenga sobre el cumplimiento de los pactos. El temor por lo que sucedió en el pasado con el exterminio de la Unión Patriótica es motivo suficiente para desconfiar de la capacidad de protección que pueda brindárseles.

Es necesario que las Fuerzas Militares impidan que las disidencias de las Farc continúen sembrando el terror en parte del territorio, que se controlen las rutas del narcotráfico y que se brinde seguridad a los exguerrilleros que han hecho corte de cuentas y aceptado la legalidad. Desde un principio se sabía que lo más difícil del acuerdo era ponerlo en funcionamiento y para ello se necesitan paciencia y certezas, de lado y lado. Esperemos que no haya lugar a echarlo al traste y se den todos los esfuerzos por sacarlo adelante.