El pasado lunes despegó oficialmente la Operación Atlas en Tumaco (Nariño), con el propósito de recuperar esa zona actualmente en manos de mafias del narcotráfico y de la minería ilegal. Tal estrategia, anunciada por el Gobierno Nacional desde octubre del año pasado, implica la llegada a la región de 2 mil hombres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía; todos ellos conforman la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que en total tendrá 4 mil uniformados en ese lugar de la costa del Pacífico. El vicepresidente Óscar Naranjo es el encargado de liderar todo este operativo orientado a frenar la ola de violencia en esta región, donde las comunidades vienen denunciando toda clase de atropellos de distintos actores.
Está muy bien que el Ejecutivo desarrolle acciones militares para perseguir y judicializar a quienes han convertido a esta zona del departamento de Nariño en escenario del crimen, pero más que presencia militar la deuda histórica del Estado colombiano con el suroccidente del país, así como con muchos otros lugares alejados, es la presencia institucional integral, con toda clase de servicios que apunten a mejorar de manera rápida y efectiva la calidad de vida de los pobladores de municipios como Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco.
La manera como se enfrente la situación allí es el verdadero laboratorio de paz que el país necesita como referente de éxito, y la única forma de concretar ese anhelo es combatir a los violentos, pero sobre todo brindar a las comunidades todo aquello que las hace permanecer en la pobreza y dejarse manipular por el dinero que ofrecen las mafias para mantener sus lucrativos negocios ilícitos. El gobierno de Juan Manuel Santos no puede darse el lujo de fracasar en la recuperación de esta importante región, porque ello podría implicar que la paz que se le muestra al mundo no pase de ser una ilusión y se derrumbe pronto.
Los informes de la Defensoría del Pueblo que muestran las falencias del Estado para ejecutar planes acertados, propios del posconflicto, tienen que ser tomados en cuenta para corregir los errores y avanzar con más rapidez en la implementación de los remedios. Las alertas humanitarias relacionadas con los homicidios de líderes sociales y con las amenazas a las comunidades que ayuden al Estado en la erradicación de cultivos de uso ilícito y a quienes se oponen a los desmanes que se cometen con la minería ilegal en contra del medio ambiente, no pueden ser ignoradas. Las denuncias de desplazamientos forzados deben escucharse y actuar de manera concertada, no solo haciendo uso de la fuerza. Esa es la única manera de ganar credibilidad y confianza.

Hay que ser claros y directos: en esta zona de Colombia el conflicto armado está lejos de ser superado si no se acometen acciones de choque que comprendan una gran estrategia que combine la fuerza con una eficiente atención a las necesidades básicas de la gente en educación, salud, empleo, agua potable y saneamiento. El coctel de criminales que mezcla intereses de toda clase, conformado por el Eln, las bandas criminales y las disidencias de las Farc hace que haya gran complejidad a la hora de enfrentar el problema, pero la posibilidad de error del Estado para eliminar tales factores de violencia sería inaceptable. Es un buen indicador que vaya en crecimiento el número de familias que acceden al programa de erradicación manual y voluntaria de cultivos ilícitos, pero hay que ir más rápido y en forma impecable en la recuperación del tejido social y la construcción real de la paz.