Todo lo que hacen los miembros del Eln confirma que no tienen el menor interés de aportar a la paz en Colombia, y que sus intereses descabellados son solo cometer crímenes. Ahí no se puede hablar de torpezas, ni de estrategia equivocada, ni de error político, sus actos demenciales son solo la peor expresión de una irracionalidad ideológica que conduce a la muerte, sin ninguna esperanza de abandonar la guerra. Por eso, si bien no compartimos que el gobierno del presidente Iván Duque no cumpla los protocolos trazados para dar por terminados los diálogos de paz, también es acertada la decisión de no negociar con quienes no expresan ninguna voluntad en ese sentido.
Además del execrable atentado terrorista a la Escuela General Santander, en el que murieron 22 cadetes, el pasado martes miembros de ese grupo ejecutaron un grave ecocidio al dinamitar el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en Norte de Santander, lo que causó una gran contaminación al río Catatumbo con una mancha negra que avanza hacia el Lago de Maracaibo, en Venezuela.
Las afectaciones por estos actos aberrantes alcanzan amplias zonas de territorio, poniendo en riesgo a miles de personas, pero más que nada causan desastres irreversibles en el medioambiente. Además, al atacarse en forma directa a una empresa del Estado como Ecopetrol, somos todos los colombianos los que terminamos pagando tales daños, que son muestra de la peor insensibilidad de un grupo armado ilegal que por varias décadas se ha especializado en destruir la infraestructura de los hidrocarburos. De hecho, solo el año pasado fueron cerca de 89 los ataques al mismo oleoducto, aunque de consecuencias menores, y el del pasado martes es el séptimo a la misma conducción durante el 2019.
Sin embargo, también han sido atacados otros oleoductos recientemente. El lunes pasado el atentado fue al oleoducto Mansoyá-Orito, en Putumayo, donde los daños ambientales fueron significativos, aunque no tan notorios. Así mismo, el pasado 5 de febrero se registró una explosión en el Oleoducto Transandino (OTA), que transporta el crudo entre los departamentos de Putumayo y Nariño, en terrenos del municipio de Barbacoas (Nariño), con afectaciones a importantes fuentes hídricas de la zona.
Además de los ataques terroristas, también hay casos de otros delincuentes que instalan válvulas ilícitas en distintos tramos, para robar el combustible y venderlo en el mercado negro. Ecopetrol detectó entre los años 2017 y 2018 un total de 1.679 válvulas de este tipo en el OTA. Eso quiere decir que también los llamados carteles de la gasolina son responsables de graves daños ecológicos, además del desangre económico. Todos esos factores deberían ser neutralizados de manera inmediata, con una vigilancia más efectiva de los lugares más sensibles y persecución efectiva de los responsables de los ataques.  

Cuando ocurren estas acciones terroristas se habla siempre de que se ponen en ejecución planes de contingencia para evitar que los daños ambientales se salgan de las manos, pero en esta ocasión la reacción resultó bastante lenta. Debería pensarse en la posibilidad de no dejar expuesta la tubería al aire libre como ocurre en buena parte del territorio colombiano, sino más bien llevarlo de manera subterránea. Tal vez de esa forma sería más fácil no solo evitar los atentados a las redes, sino también lograr que los efectos de posibles explosiones sean menos perjudiciales para el medio ambiente. Hay que seguir condenando con toda energía los actos que pretendan perpetuar el ambiente de zozobra en el país.