De acuerdo con un pacto entre Colombia y los Estados Unidos, de aquí al 2023 nuestro país debe erradicar 180 mil hectáreas de coca, las mismas que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que hay sembradas hoy en nuestro país, lo cual corresponde a tres veces lo que se tenía en 2012. El mencionado plan quinquenal supone que cada año deben ser erradicadas 70 mil hectáreas, al mismo tiempo que se bloquee la posibilidad de resiembras. Siguiendo esta estrategia, en cinco años deberían tenerse en Colombia 90 mil hectáreas de cultivos ilícitos, como mucho.

Lo previsto por el gobierno de Juan Manuel Santos es que la erradicación de estos cultivos se haga con actividades manuales forzadas y voluntarias, y con un uso limitado de aspersión aérea haciendo uso de drones. El enfoque de su administración ha sido la sustitución para incentivar entre los campesinos el cambio de los cultivos ilícitos a plantaciones de alimentos, que también impacten de manera positiva la seguridad alimentaria. No obstante, de acuerdo con lo anunciado por el presidente electo, Iván Duque, es muy probable que los mecanismos sean cambiados por aspersiones aéreas más ambiciosas, como se hizo en el pasado, desde luego si se cumplen los requisitos exigidos por la Corte Constitucional.

La verdad es que en los meses recientes los resultados del trabajo de erradicación no han sido los mejores, y se necesita una determinación más firme para acabar con los cultivos ilícitos en el país, ojalá sin tener que dañar el medioambiente y sin generar condiciones que afecten la salud de quienes viven en el campo. Ojalá que se pueda mantener una política de erradicación con resultados que sean de largo plazo y no coyunturales, de tal manera que se ataque el problema de manera estructural, que incluso permita que el campo florezca en actividades lícitas y promisorias.

La idea del Gobierno, antes del 7 de agosto, es que no haya coca en los parques nacionales naturales de Doña Juana (Nariño), Las Hermosas (Tolima), Sumapaz (Meta), Los Picachos (Meta), Serranía Yariguies (Santander), Orito Indi Wasi (Putumayo), Sanquianga. Ojalá que resulte real, porque hasta el momento se tienen muchas dudas.

Hay que tomar el ejemplo del departamento de Arauca, en el que hay casos como el de 365 familias que levantaron 406 hectáreas de hoja de coca y ahora se implementan planes de apoyo social a esa comunidad, con proyectos productivos, comedores escolares, atención básica en salud, guarderías, programas contra la pobreza, generación de empleo y atención a la tercera edad, tal y como quedó establecido en el acuerdo de paz con las Farc. Si estos programas se ejecutan de manera juiciosa, al mismo tiempo que la Fuerza Pública vigila que no aparezcan nuevos cultivos ilícitos en la geografía nacional, en pocos años se habrá resuelto el problema de manera positiva.

Es preocupante, así mismo, que se esté dando una deforestación creciente en la Amazonia, que podría estar relacionada con el surgimiento de nuevas siembras de cultivos ilícitos. Además del grave daño ambiental de estas acciones, es muy negativa la posibilidad de que no se pueda cumplir con las metas de erradicación. Se requiere una reacción fuerte desde el Estado para perseguir a los criminales, y evitar que sigan expandiendo sus acciones delictivas. En próximas semanas, cuando las Naciones Unidas revele su medición oficial se tendrá un panorama más cercano a la realidad, que según Estados Unidos podría estar en las 220 mil hectáreas de cultivos ilícitos.